Contraloría detecta falta de fiscalización en colegios con más denuncias por violencia escolar

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que los establecimientos educacionales que concentraron la mayor cantidad de sanciones y denuncias por violencia escolar en 2024 y 2025 no fueron fiscalizados por la Superintendencia de Educación.

Así lo establece el informe N°660 de 2025, que analizó las acciones de la Superintendencia y la Subsecretaría de Educación en el marco del programa “Convivencia y Salud Mental”. El documento revela que, entre 2020 y el 13 de octubre de 2025, se registraron 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional, pero solo 1.727 derivaron en procesos de fiscalización.

El organismo contralor constató que este tipo de denuncias no ha disminuido en los últimos años, sino que, por el contrario, se mantiene como una de las principales problemáticas del sistema educativo, especialmente en la educación pública.

En su auditoría, la Contraloría también detectó irregularidades en la reubicación de estudiantes sancionados en colegios emblemáticos. Según el informe, 38 alumnos fueron reincorporados en los mismos establecimientos o trasladados a otros recintos similares, sin ajustarse a lo que establece la normativa vigente.

El análisis incluyó establecimientos como el Instituto Nacional, el Liceo José Victorino Lastarria, el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo de Aplicación, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal, ubicados en las comunas de Santiago y Providencia, los que concentraron altos niveles de denuncias y sanciones.

Entre los hallazgos, se determinó que el 21% de los estudiantes sancionados fue reincorporado al mismo establecimiento que los expulsó o canceló su matrícula, mientras que el 79% restante fue trasladado a otros colegios emblemáticos con altos niveles de conflictividad.

Ante estos resultados, la Contraloría instruyó a las autoridades educacionales adoptar medidas coordinadas para mejorar la fiscalización y regular de manera más clara los procedimientos de reubicación de estudiantes sancionados, especialmente en casos vinculados a hechos de violencia escolar.