El niño que volvió sin sus abuelos: la historia judicial de Eduardo Araya contra el Estado chileno

Casi cincuenta años después de haber sido detenido por agentes de la DINA junto a sus abuelos, cuando tenía apenas nueve años, Eduardo Abdón Araya Rojas obtuvo un nuevo reconocimiento judicial en una causa emblemática sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En fallo unánime, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $120 millones el monto que el Fisco deberá pagar por concepto de daño moral a Araya, quien fue secuestrado en abril de 1976 en un operativo en Quintero junto a sus abuelos paternos, Bernardo Araya Zuleta —exdiputado comunista— y María Olga Flores Barraza, ambos detenidos desaparecidos hasta hoy.

La resolución representa mucho más que una indemnización económica: reconoce judicialmente el daño sufrido por un niño que sobrevivió a la represión estatal y cargó durante décadas con las secuelas de aquella detención y de la desaparición de quienes lo criaban.

Una historia que comenzó con un operativo de la DINA en Quintero

Los hechos se remontan a la noche del 2 de abril de 1976, cuando agentes de la policía secreta irrumpieron en una casa en Quintero y detuvieron a toda la familia presente. Eduardo Araya, entonces un niño de nueve años, fue llevado junto a sus primos y sus abuelos al centro clandestino conocido como Cuartel Venecia, en Independencia.

Tres días después, los niños fueron abandonados cerca de su domicilio en Santiago.

Sus abuelos no volvieron.

Según establecieron el Informe Rettig, sentencias penales posteriores y los antecedentes revisados en esta causa civil, Bernardo Araya y María Olga Flores fueron víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado.

Pero el caso judicial no se centró solo en ese crimen.

También en lo que vino después.

La demanda por una infancia quebrada

Representado por el abogado Nelson Caucoto, Araya demandó al Estado por daño moral, argumentando que no solo fue víctima directa de prisión política y tortura —reconocido por la Comisión Valech II— sino también de un daño continuado derivado de la desaparición de sus abuelos y la fractura familiar que siguió.

El expediente reconstruye una historia dura: pérdida de escolaridad, abandono, hambre, trabajo infantil, exilio y secuelas psicológicas persistentes.

Un informe del programa PRAIS incorporado al proceso describió un cuadro de “trauma complejo, crónico y no resuelto”, además de un daño transgeneracional asociado a la violencia sufrida en la infancia.

Esa dimensión fue central para el tribunal.

Porque no se discutía únicamente una reparación por una detención ocurrida hace décadas, sino el impacto vital de ese hecho.

El debate judicial con el Estado

En su defensa, el Fisco alegó que Araya ya había recibido beneficios reparatorios derivados de las leyes Valech y Rettig, sostuvo excepciones de prescripción y cuestionó el monto demandado.

La controversia abrió una discusión clásica en este tipo de causas: si las reparaciones administrativas del Estado excluyen o no nuevas acciones civiles por daño moral.

La tesis del demandante fue la contraria.

Que las pensiones o beneficios estatales no reparan integralmente el daño producido por crímenes de lesa humanidad.

La justicia acogió ese razonamiento.

Y terminó reconociendo responsabilidad indemnizatoria.

Un fallo con alcance simbólico

Aunque la suma fijada por la Corte es inferior a lo demandado originalmente, 600 millones, el fallo tiene relevancia jurídica y política.

Primero, porque refuerza la línea de tribunales superiores que reconocen acciones reparatorias por violaciones graves a los derechos humanos.

Segundo, porque valida el daño sufrido por una víctima que era un niño al momento de los hechos.

Y tercero, porque vuelve a instalar una dimensión menos explorada en estas causas: las secuelas que el terrorismo de Estado dejó en hijos y nietos de las víctimas.

En ese punto, el caso de Eduardo Araya tiene una singularidad poderosa.

No litigó solo como familiar de desaparecidos.

Litigó también como sobreviviente.

Una causa abierta desde 1976

La historia judicial del caso Bernardo Araya es larga.

Hubo investigaciones penales.

Condenas.

Reconocimientos en informes de verdad.

Y ahora una nueva decisión reparatoria.

Pero hay un dato que atraviesa todo:

los abuelos de Eduardo Araya siguen desaparecidos.

No hay restos.

No hay destino conocido.

No hay cierre.

Por eso, para el demandante, este fallo no parece el fin de una causa, sino otro capítulo de una búsqueda iniciada hace casi medio siglo.

La diferencia es que hoy esa historia tiene también un reconocimiento judicial concreto:

que el daño existió.

Que persiste.

Y que el Estado debe responder por él.