Oposición cuestiona ausencia de acto oficial del Gobierno por 11 de septiembre y emplaza a Kast por postura ante la memoria

La decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de no realizar un acto oficial para conmemorar este viernes 11 de septiembre el aniversario 53 del golpe de Estado generó críticas desde la oposición, que cuestionaron la ausencia de una señal institucional en materia de memoria y derechos humanos.

El Mandatario había anticipado hace semanas el descarte a la realización de una ceremonia oficial en La Moneda, apuntando a mantener su agenda habitual, aunque planteó que la misa matinal habitual podría ser intencionada por la fecha si alguien lo solicitaba.

Posteriormente, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió la decisión, optando por marcar distancia.  “Nuestro gobierno, tal como le hemos dicho en reiteradas oportunidades, estamos preocupados y trabajando día a día en las prioridades de las personas y estamos pensando cómo ese trabajo contribuye a construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”, señaló durante la jornada de ayer.

Oposición apunta a no olvidar

La definición fue cuestionada por dirigentes opositores, quienes anunciaron una agenda propia para conmemorar el aniversario del golpe y homenajear al expresidente Salvador Allende. Entre las actividades se contempla una visita al mausoleo de Allende en el Cementerio General, una caminata por calle Morandé y una ofrenda floral frente al monumento del exmandatario en la Plaza de la Constitución.

Desde el Partido Socialista, su secretario general, Arturo Barrios, contrastó la decisión de Kast con la postura que sostuvo durante su mandato el expresidente Sebastián Piñera. “Hubiese esperado, como un simple militante del PS, que al igual que el expresidente Sebastián Piñera, dijera ‘la dictadura cívico-militar’ y el ‘nunca más’”, señaló Barrios, quien acusó al actual Ejecutivo de guardar silencio frente a asuntos vinculados con la memoria histórica.

Desde el Partido Comunista, su presidente, Lautaro Carmona, también cuestionó la determinación. El dirigente planteó que el Gobierno debería adoptar una posición institucional respecto de la fecha y sostuvo que no hacerlo constituye un “error político” en materias vinculadas con la democracia.

Asimismo, destacó que como sector van a “demostrar lo que es nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos” y definió la jornada como una “gran movilización cívica, política, democrática de la izquierda con un gobierno tan de ultraderecha”.

En una línea similar, la secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, advirtió sobre lo que considera un eventual retroceso en materia de memoria y derechos humanos. Según planteó, existe una preocupación respecto de la capacidad del conjunto del espectro político para reafirmar el principio de “nunca más” frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

En tanto, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, sostuvo que la ausencia de una ceremonia oficial no debería traducirse en un retroceso de las políticas de Estado desarrolladas durante las últimas décadas en materia de memoria, verdad, justicia y reparación. En particular, llamó a mantener iniciativas como el Plan Nacional de Búsqueda y la recuperación de sitios de memoria.

La oposición también ha cuestionado que el Ejecutivo no haya programado una actividad institucional en una fecha que, desde el retorno a la democracia, ha sido objeto de distintas conmemoraciones oficiales. En ese contexto, los partidos opositores han planteado que el Estado debe mantener una posición respecto de la condena al quiebre democrático y las violaciones de derechos humanos, más allá de las diferencias políticas existentes.

La jornada de este viernes tendrá así actividades organizadas por la oposición y organizaciones vinculadas a la memoria y los derechos humanos. Entre ellas se contempla además una ceremonia en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde se rendirá homenaje a las víctimas de la dictadura.

La decisión de La Moneda marca, de esta manera, un cambio respecto de las conmemoraciones impulsadas por gobiernos anteriores y abre nuevamente el debate político sobre el papel que debe asumir el Estado frente a la memoria histórica, el golpe de Estado de 1973 y las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.