Kast anuncia ofensiva contra el crimen organizado y destaca aprobación de reforma económica

El Presidente José Antonio Kast anunció una nueva agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, compuesta por más de 30 proyectos, durante una cadena nacional en la que también destacó la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

El mandatario afirmó que la reforma económica, despachada por el Congreso tras cuatro meses de tramitación, permitirá aumentar la inversión, recuperar el crecimiento y generar nuevas oportunidades laborales.

Según explicó, la iniciativa contempla una reducción de impuestos, el término de la doble tributación para quienes invierten y una exención del IVA durante 12 meses para viviendas nuevas, con el objetivo de facilitar el acceso a una propiedad a 100 mil familias.

La ley también establece una exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años y medidas destinadas a acelerar la tramitación de permisos vinculados con proyectos de inversión.

Kast sostuvo que los recursos permitirán continuar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso.

El jefe de Estado mencionó además el crecimiento de 2,4% registrado por el Imacec de junio, aunque reconoció que “un mes no hace una tendencia” y que se trata solo del primer paso para recuperar la actividad económica.

Agenda contra el crimen organizado

En materia de seguridad, Kast anunció que el Ministerio de Seguridad Pública implementará una ofensiva basada en la prevención, la recuperación del control territorial y el fortalecimiento institucional.

El Presidente aseguró que, al 26 de julio, los homicidios habían disminuido 18,7%, con 112 víctimas menos que en igual periodo del año anterior. También indicó que los secuestros confirmados por la Policía de Investigaciones cayeron 45% y los robos violentos bajaron en más de 7 mil casos.

Agregó que los ingresos irregulares por las fronteras disminuyeron 86,5%, la violencia en la Macrozona Sur descendió 18,8% y las incautaciones de drogas aumentaron 60%.

Kast anunció que el despliegue policial se mantendrá de manera permanente en los 50 barrios considerados más críticos del país, mediante operativos de copamiento, patrullajes y uso de tecnología.

“Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”, afirmó.

Ampliación del plazo de flagrancia

Entre las medidas anunciadas se encuentra la ampliación del plazo de flagrancia desde 12 hasta 24 horas, con el propósito de entregar más tiempo a las policías para realizar detenciones.

El Gobierno también buscará ampliar la retención migratoria y reforzar la capacidad para expulsar a personas extranjeras que no estén autorizadas para permanecer en Chile.

Kast señaló que se intensificará la búsqueda de prófugos y se fortalecerá el control fronterizo mediante zanjas, drones y sistemas permanentes de monitoreo tecnológico.

La agenda incluirá además una mayor protección jurídica para funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa.

El Ejecutivo propondrá también sancionar penalmente la instalación de barricadas, vehículos u obstáculos utilizados para bloquear ilegalmente las calles, además de agravar las penas contra quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Reforma constitucional sobre seguridad

Kast anunció el envío de una reforma constitucional destinada a establecer expresamente la protección de la seguridad de las personas como un deber del Estado y ampliar las herramientas disponibles para combatir el crimen organizado.

La propuesta contempla que la pertenencia a una organización criminal sea considerada un delito con penas agravadas.

Asimismo, el Gobierno buscará aplicar un régimen penitenciario especial a narcotraficantes que continúen dirigiendo organizaciones desde las cárceles y crear una nueva agencia estatal encargada de decomisar y destruir bienes vinculados con el crimen organizado.

El mandatario instruyó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para trabajar con el Congreso en la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.

La iniciativa considera más de 30 proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran en tramitación, mientras que otros serán presentados durante los próximos días.

Kast manifestó su expectativa de que las medidas sean aprobadas antes de Navidad.

“Seguridad, economía y empleo son los tres ejes de este Gobierno”, concluyó el Presidente.

Análisis crítico de las palabras de Kast

En su intervención, el mandatario combinó cifras económicas y de seguridad con proyecciones sobre los efectos de las nuevas leyes. Sin embargo, varias de sus afirmaciones requieren precisiones, carecen de antecedentes suficientes para ser verificadas o confunden normas que ya existen con reformas todavía no aprobadas.

Kast calificó la recién despachada reforma económica como “uno de los cuerpos legislativos más importantes” de las últimas tres décadas y aseguró que traerá “más inversión, más crecimiento y más trabajo”. También sostuvo que las personas que actualmente buscan empleo tendrán nuevas oportunidades “gracias al crecimiento y la inversión”.

Esas consecuencias, no obstante, son proyecciones políticas y económicas, no resultados constatables. Al momento del discurso, la ley acababa de ser despachada por el Congreso, por lo que todavía no era posible medir su incidencia efectiva sobre la inversión, el empleo o el crecimiento.

Un Imacec positivo, pero un primer semestre débil

El Presidente destacó que el Imacec de junio creció 2,4% y afirmó que con ello se rompieron cinco meses consecutivos de caída. Al mismo tiempo, reconoció correctamente que “un mes no hace una tendencia”.

La cifra de 2,4% corresponde a la variación mensual desestacionalizada respecto de mayo. En comparación con junio de 2025, el crecimiento fue de 1,4%. Esta distinción es relevante, porque ambas tasas responden a comparaciones diferentes.

El resultado permitió evitar una recesión técnica, pero no eliminó la debilidad acumulada durante el año: la actividad económica cerró el primer semestre con una contracción promedio de 0,2%, su peor desempeño desde la pandemia.

Por ello, presentar junio como el inicio de una nueva etapa económica resulta todavía prematuro. Distintos economistas han llamado a interpretar el dato con cautela, debido a la persistencia de una inversión reducida, bajo crecimiento y una situación laboral deteriorada.

Más de 900 mil personas sin empleo

Kast señaló que más de 900 mil personas buscan trabajo. La afirmación es compatible, en términos generales, con el deterioro reciente del mercado laboral, aunque el mandatario no indicó el trimestre ni la fuente utilizada.

La última cifra oficial disponible antes de la cadena nacional correspondía al trimestre marzo-mayo de 2026, cuando la tasa de desocupación llegó a 9,4%, aumentando 0,5 puntos porcentuales en doce meses.

La formulación presidencial también puede inducir a confusión, porque no todas las personas que necesitan o desean trabajar son clasificadas estadísticamente como desocupadas. La Encuesta Nacional de Empleo solo considera en esa categoría a quienes no tenían empleo, estaban disponibles y realizaron acciones concretas para buscar trabajo.

Estadísticas de seguridad sin base de comparación

En materia de seguridad, Kast afirmó que al 26 de julio los homicidios habían disminuido 18,7%, con 112 víctimas menos; que los secuestros confirmados por la PDI cayeron 45%; los robos violentos bajaron en más de 7.000 casos; los ingresos irregulares se redujeron 86,5%; la violencia en la Macrozona Sur descendió 18,8%, y las incautaciones de drogas aumentaron 60%.

El discurso, sin embargo, no precisó:

• cuál era el periodo exacto de comparación;
• qué organismos produjeron cada estadística;
• si se utilizaron denuncias, casos policiales, víctimas o investigaciones concluidas;
• si las cifras eran nacionales o correspondían a zonas determinadas;
• si los datos habían sido ajustados por estacionalidad o cambios metodológicos.

La ausencia de esas precisiones impide evaluar adecuadamente las magnitudes anunciadas. Una baja de homicidios puede ser comprobable, pero requiere especificar si se compara enero-julio de 2026 con igual periodo de 2025, semanas equivalentes o una proyección anual.

También es discutible concluir, como hizo el mandatario, que cada variación estadística representa directamente “una familia que hoy está más tranquila”. La disminución de determinados delitos constituye un antecedente positivo, pero no equivale automáticamente a una baja proporcional de la percepción de inseguridad.

Confusión sobre el plazo de flagrancia

El Presidente anunció que el Gobierno ampliará “el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, para que la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables”.

La afirmación mezcla dos conceptos diferentes.

El plazo de flagrancia es el periodo durante el cual una persona puede ser considerada sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo. En cambio, el plazo máximo para poner a una persona detenida a disposición judicial ya es, como regla general, de 24 horas.

Por lo tanto, ampliar las hipótesis temporales de flagrancia de 12 a 24 horas no significa necesariamente conceder a la policía 24 horas adicionales después de la detención. La discusión parlamentaria ha advertido, además, que una ampliación de la flagrancia podría extender en la práctica el tiempo transcurrido entre el delito y el control judicial.

La frase “detener a los culpables” también es jurídicamente imprecisa: las policías detienen a sospechosos o imputados, mientras que la culpabilidad solo puede establecerse mediante una sentencia judicial.

La Constitución ya obliga al Estado a proteger a la población

El error más evidente del discurso se produjo cuando Kast afirmó que, “por primera vez”, el Estado señalará en la Constitución que proteger a las personas no es una opción, sino una obligación.

La Constitución vigente ya establece expresamente, en su artículo 1°, que es deber del Estado “resguardar la seguridad nacional” y “dar protección a la población y a la familia”.

Así lo consigna el texto oficial y lo explica la Biblioteca del Congreso Nacional en sus materiales de formación constitucional.

La reforma anunciada podría precisar, ampliar o modificar los instrumentos disponibles para cumplir ese deber, pero no puede ser presentada correctamente como la primera incorporación constitucional de la obligación estatal de proteger a la población.

Facultades que dependen del Congreso y los tribunales

Kast empleó expresiones categóricas para anunciar que pertenecer a una organización criminal será un delito agravado, que determinados condenados perderán beneficios y que una nueva agencia decomisará y destruirá bienes del crimen organizado.

Sin embargo, la mayoría de esas medidas todavía necesita proyectos específicos, tramitación legislativa, indicaciones, discusión constitucional y aprobación del Congreso. Algunas, además, podrían requerir controles judiciales para respetar el debido proceso, el derecho de propiedad y la presunción de inocencia.

El propio mandatario reconoció que la agenda incluye más de 30 iniciativas, algunas ya ingresadas como mociones parlamentarias y otras que el Ejecutivo presentará próximamente. También expresó su expectativa de que sean aprobadas antes de Navidad.

En consecuencia, una parte importante de las medidas expuestas en la cadena nacional no corresponde a decisiones actualmente vigentes, sino a objetivos políticos sujetos a la deliberación del Congreso.

Un discurso más político que informativo

La intervención presidencial tuvo como propósito instalar tres ejes —seguridad, economía y empleo— y proyectar una imagen de control frente a un escenario complejo. En ese esfuerzo, combinó datos efectivos, aspiraciones legislativas y resultados futuros como si formaran parte de una misma realidad.

El discurso fue más cuidadoso al abordar el Imacec, donde el propio Kast admitió que una cifra mensual no constituye una tendencia. Esa prudencia desapareció, sin embargo, al atribuir empleos e inversión a una ley que todavía no produce efectos, al presentar estadísticas de seguridad sin detallar su metodología y al sostener que la Constitución no contempla actualmente la protección de la población como deber del Estado.

La cadena nacional entregó señales políticas claras, pero dejó pendientes antecedentes indispensables para comprobar varias de sus afirmaciones y confundió, en algunos pasajes, anuncios gubernamentales con normas ya vigentes y expectativas con resultados.

La principal imprecisión comprobable es la afirmación constitucional; las cifras de seguridad deberían contrastarse nuevamente cuando el Gobierno publique la base estadística y metodología completas.