Cámara aprueba bono para compra de pañales y medicamentos para el 80% más vulnerable

Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y en particular el proyecto de ley que establece un beneficio fiscal de compensación por la compra de pañales y medicamentos, iniciativa que ahora deberá ser analizada por el Senado.

El proyecto fue aprobado en general por 132 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Posteriormente, la Sala ratificó en tres votaciones separadas el texto elaborado por las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda, sin introducir modificaciones.

La propuesta contempla una bonificación mensual calculada como un reembolso equivalente al IVA asociado a la compra de pañales y medicamentos, con un límite determinado a partir de compras referenciales de estos productos. Los parámetros específicos serán establecidos posteriormente mediante un reglamento.

De acuerdo con las estimaciones incorporadas en la iniciativa, el beneficio tendría un costo fiscal aproximado de US$100 millones durante su primer año de implementación.

¿Quiénes podrán acceder?

El beneficio estará dirigido a personas pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, y se dividirá en tres grupos.

El primero corresponde a madres, padres, representantes legales o personas que tengan legalmente bajo su cuidado a niños y niñas de hasta 24 meses de edad.

El segundo contempla a personas mayores de 65 años que presenten alguna de las condiciones de salud que sean establecidas en el reglamento.

El tercer grupo estará compuesto por personas con discapacidad mayores de 24 meses y menores de 65 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, que además presenten alguna de las condiciones de salud que determine la normativa.

Las bonificaciones por la adquisición de pañales y medicamentos serán independientes entre sí. Por lo tanto, una misma persona podrá acceder a ambos beneficios si cumple con los requisitos establecidos para cada uno.

IPS administrará el beneficio

El proyecto establece que el Instituto de Previsión Social (IPS) será el organismo encargado de administrar y conceder las bonificaciones.

Para verificar las compras, el IPS deberá coordinarse con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos públicos. El sistema también deberá contemplar mecanismos para acreditar la adquisición de los productos y efectuar el cobro correspondiente.

Una vez aceptada la solicitud de reembolso, el pago deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 30 días corridos, privilegiando medios electrónicos y trazables.

El beneficio no será considerado remuneración ni renta para efectos legales, por lo que no estará sujeto a impuestos, cotizaciones previsionales ni descuentos. Asimismo, la bonificación no modificará el tratamiento tributario del IVA aplicable a la venta de pañales y medicamentos.

Recursos y criterios de priorización

La iniciativa establece que las solicitudes serán resueltas según el orden de presentación hasta que se alcance el límite de recursos disponibles para cada período.

Sin embargo, cuando se haya ejecutado el 70% o más de los recursos asignados, podrá aplicarse un mecanismo de priorización que será definido en el reglamento. Entre los criterios que deberá considerar se encuentra el nivel de vulnerabilidad socioeconómica de los solicitantes, de acuerdo con la información del Registro Social de Hogares.

El Ejecutivo también deberá elaborar un informe sobre el funcionamiento del mecanismo de pago y del procedimiento de solicitud, además de entregar antecedentes sobre los componentes de la canasta de medicamentos y otros aspectos que sean regulados mediante el reglamento.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta planteada por el Partido de la Gente (PDG) al Ejecutivo, en el marco del proyecto de reconstrucción nacional. Posteriormente, la medida tomó forma en un mensaje ingresado a tramitación durante mayo y fue revisada por las comisiones de Desarrollo Social y Hacienda de la Cámara.

Con su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto fue despachado a segundo trámite constitucional en el Senado, donde continuará su discusión legislativa.