Querella por fraude al fisco sacude al GORE RM: funcionaria transfirió $142 millones a proveedor ficticio

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó una querella por presunto fraude al fisco contra una funcionaria del Gobierno Regional y el representante legal de una empresa que recibió más de $142 millones desde las arcas de la institución, pese a no mantener contratos ni vínculos comerciales con ella.

La acción judicial apunta a Maritza Claudia Pacheco Bartra, quien se desempeñaba como analista de la Unidad de Tesorería del GORE RM desde marzo de 2018, y a Juan Pablo Vargas Miranda, representante legal de Fibronorte SpA, sociedad que recibió los recursos públicos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, la funcionaria tenía entre sus responsabilidades la inscripción de proveedores y la elaboración de nóminas de pago. En ese contexto, el 29 de enero de 2025 habría incorporado a Fibronorte SpA a la plataforma de pagos del Gobierno Regional, registrando una cuenta bancaria y un correo electrónico que posteriormente se habría establecido que no existía.

La empresa, constituida un año antes y con domicilio en Antofagasta, declaraba como actividad comercial la venta de artículos de ferretería. Sin embargo, no contaba con contratos, negocios ni registro previo como proveedora del GORE.

Ese mismo día, Pacheco habría generado una transferencia por $142.287.308 e incluido la operación en una nómina junto a otros ocho pagos a proveedores de la institución, con el objetivo de simular una transacción habitual. Posteriormente, envió un correo electrónico a los funcionarios encargados de autorizar los desembolsos.

Según la querella, el dinero fue depositado en la cuenta de Fibronorte el 31 de enero de 2025. Tras concretarse la operación, la funcionaria habría modificado los antecedentes de la empresa en el sistema, reemplazando el banco y el número de cuenta de destino, además de cambiar su domicilio por la misma dirección del Gobierno Regional y eliminar el registro de la transferencia.

Detección de irregularidades y acciones judiciales

El caso fue detectado durante una revisión contable realizada por Alfonso Vallejos Núñez, encargado de la Unidad de Contabilidad del GORE, quien identificó el pago a Fibronorte y advirtió que no existían antecedentes de contratación ni documentos que justificaran el desembolso.

Tras el hallazgo, se inició un procedimiento disciplinario contra la funcionaria, quien posteriormente fue desvinculada de la institución. Además, se abrió una investigación penal a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.

Desde el Gobierno Regional, el jefe jurídico, Israel Chamorro, sostuvo que la querella se presentó luego de los peritajes y diligencias desarrollados por el Ministerio Público, que habrían confirmado ilícitos en el accionar de la trabajadora.

En el escrito judicial, Orrego también acusa la existencia de un eventual acuerdo previo entre la funcionaria y Vargas para dirigir los recursos públicos hacia la empresa. Respecto del representante legal, la acción sostiene que habría retenido los fondos y los habría hecho propios, sin devolverlos hasta la presentación de la querella.

La presentación solicita que la Brigada del Cibercrimen de la PDI indague los hechos, que se tome declaración a los involucrados y que se levante el secreto bancario de la funcionaria, del representante legal y de Fibronorte SpA.