
60 diputados solicitan a Kast indultar a carabineros condenados por hechos del estallido social
Un grupo de 60 diputados envió una carta al Presidente José Antonio Kast solicitando la concesión de indultos particulares a funcionarios de Carabineros, Gendarmería y de las Fuerzas Armadas que han sido condenados por hechos vinculados al denominado estallido social.
En el documento, los parlamentarios apelan a las atribuciones constitucionales del Mandatario para otorgar este beneficio, argumentando que los funcionarios actuaron en un contexto de “una de las crisis más complejas de la historia reciente del país”, en la que —afirman— miles de efectivos fueron desplegados para resguardar el orden público, proteger infraestructura crítica y enfrentar hechos de violencia.
La solicitud sostiene que la medida no busca desconocer la importancia de los derechos humanos ni las responsabilidades individuales que deben ser determinadas por los tribunales, pero plantea que el Estado debe considerar “las circunstancias excepcionales” en que se desarrollaron los hechos, incluyendo las extensas jornadas de servicio, la presión operativa y el contexto de violencia generalizada.
Asimismo, los diputados advierten que algunas de las materias ya se encuentran reguladas o deben resolverse respetando la independencia judicial y el debido proceso. En esa línea, también plantean que, en casos aún pendientes, se impulsen las acciones legales correspondientes para asegurar “una solución justa y proporcional”.
En la misiva, los firmantes reafirman su compromiso con el Estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales, pero enfatizan que el resguardo de la seguridad pública también constituye una responsabilidad del Estado, especialmente respecto de quienes fueron llamados a cumplir funciones de orden público durante la crisis.
Finalmente, solicitan al Presidente acoger la petición y adoptar las medidas constitucionales, legales y administrativas necesarias para avanzar en el otorgamiento de estos indultos, subrayando la necesidad de entregar “certeza jurídica” a los funcionarios involucrados.
Los firmantes incluyen diputados del Partido Republicano, PDG, Partido Nacional Libertario, UDI, Renovación Nacional, Evópoli, entre otros.
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