Trabajadores Judiciales cuestiona remoción del juez Daniel Urrutia y acusa trato dispar de la Corte Suprema

La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) manifestó su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de remover de su cargo al juez Daniel Urrutia, dirigente de la entidad, y cuestionó los criterios aplicados por el máximo tribunal en materia disciplinaria.

A través de una declaración pública, la organización sostuvo que la medida constituye una afectación de la libertad sindical, el debido proceso y las garantías vinculadas a la independencia judicial. En particular, cuestionó que no se haya otorgado la debida protección al fuero sindical de Urrutia, reconocido —según indicó— en el artículo 25 de la Ley N.º 19.296.

A juicio de la OTJ, el desconocimiento o la aplicación restrictiva de esta garantía representa un precedente preocupante para las organizaciones sindicales del Poder Judicial, pues podría afectar el ejercicio de la representación de los trabajadores.

La entidad también cuestionó la proporcionalidad de la sanción. Según planteó, Urrutia había sido absuelto y sobreseído, según los respectivos cargos, en el procedimiento disciplinario seguido en su contra por el uso de licencias médicas. En ese contexto, sostuvo que resulta difícil comprender que, tras el examen de los antecedentes por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago sin la imposición de sanciones, la Corte Suprema haya optado por la medida más extrema.

Cuestionamientos por diferencias de criterio

Uno de los principales puntos de la declaración apunta a una eventual disparidad en los criterios disciplinarios del máximo tribunal. Para ello, la organización contrastó la remoción de Urrutia con el caso del ministro Antonio Ulloa, quien no reunió los votos necesarios para ser removido de su cargo.

La OTJ recordó los cuestionamientos que han rodeado a Ulloa por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo presuntas intervenciones en nombramientos judiciales, filtraciones de información reservada y eventuales faltas al deber de probidad.

A partir de ambos casos, la organización planteó dudas sobre la uniformidad de los criterios aplicados por la Corte Suprema y llamó a esclarecer si las decisiones disciplinarias responden exclusivamente a fundamentos jurídicos objetivos.

“La confianza pública en la justicia exige que las decisiones disciplinarias respondan a criterios jurídicos verificables y no den lugar a sospechas fundadas de tratamientos preferentes o discriminatorios”, sostuvo la entidad.

OTJ apunta a presiones políticas

La organización también vinculó la decisión con el contexto político, al señalar que representantes de partidos de derecha habían exigido públicamente la remoción del magistrado. En ese sentido, advirtió que las presiones políticas son incompatibles con la independencia que debe regir las resoluciones judiciales.

Por ello, la OTJ pidió a la Corte Suprema entregar fundamentos suficientes, transparentes y estrictamente jurídicos que permitan descartar cualquier influencia ajena al derecho en la determinación adoptada.

Finalmente, la entidad anunció su disposición a impulsar acciones jurídicas e institucionales, tanto nacionales como internacionales, para defender los derechos fundamentales y sindicales de Urrutia.

“La independencia judicial se debilita cuando la severidad de las decisiones disciplinarias parece depender de quién es juzgado y no exclusivamente de la gravedad de los hechos”, concluyó la organización.