Rabat defiende rol del Ministerio de Justicia ante polémica por rebajas de condena en sesión especial

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta una sesión especial en la Cámara de Diputados en el marco de la polémica por las rebajas de condena a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad.

En la instancia, el secretario de Estado defendió la posición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto al otorgamiento del beneficio y recalcó que no es la cartera la que analiza el mérito de las solicitudes.

Rabat comenzó leyendo una serie de decretos de rebajas de pena otorgados antes del inicio del actual gobierno a condenados por delitos como abuso sexual reiterado contra una persona menor de 14 años y violación impropia. “¿Qué pasó durante cuatro años con el informe de Gendarmería? ¿Qué pasó durante cuatro años con no haber escuchado a las víctimas?”, cuestionó.

A juicio del ministro “no se entiende el procedimiento de rebaja de condenas, que no se dividen ni señalan cuáles son las competencias que le corresponden a un ministro de Estado, quién es, en definitiva, quién adopta las decisiones”.

Así, explicó que la ley reconoce dos grandes etapas en el proceso para otorgar el beneficio, en las que intervienen cuatro instituciones distintas: Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, las secretarías regionales ministeriales y el Ministerio de Justicia.

“Es la ley, es la Corte Suprema, que fija en la Comisión el análisis, la ponderación de los antecedentes que permiten calificar el comportamiento de un condenado que accede a este beneficio de sobresaliente o de no sobresaliente. Hacerlo de otra manera, exigirle a un ministro de Estado como el de Justicia que lo califique y lo pondere, importa infringir los artículos 6 y 7 de la Constitución, porque me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones, y eso no es admisible”, sostuvo.

Rabat continuó detallando que posteriormente las seremis las que deben analizar los “criterios objetivos que establece la ley”, para que finalmente el Ministerio “simplemente formaliza, firmando el decreto respectivo, para dar vida jurídica a la decisión que había adoptado con carácter de firme la Comisión evaluadora respectiva”.

Con todo, el ministro recordó que se presentó un proyecto de ley para solucionar “esta problemática” y llamó al Congreso a enfocarse “realmente a lo que es el problema”.

“Hos haremos cargo también de las víctimas, lo que ha hecho el subsecretario de Justicia desde el día de ayer”, cerró.

La instancia estuvo marcada por los cuestionamientos de parte de la oposición, desde donde instaron al ministro a dejar su cargo y acusaron un silencio frente a las víctimas.