SII detecta diferencias de ingresos por $187 mil millones en comerciantes de Barrio Meiggs

El Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó diferencias de ingresos por casi $187 mil millones entre 111 contribuyentes del Barrio Meiggs, en el marco de las acciones de fiscalización desarrolladas durante 2025 para combatir el comercio informal y el incumplimiento tributario en uno de los principales polos comerciales de Santiago.

Los casos fueron seleccionados para auditorías de mayor profundidad luego de que el organismo fiscalizara a más de 3.300 comerciantes de la zona. Las diferencias se calcularon al comparar las declaraciones de renta de los contribuyentes con los antecedentes de la Declaración Jurada 1955, que informa sobre saldos y abonos en cuentas financieras superiores a 1.500 UF.

De los 111 contribuyentes sometidos a revisión, 48 casos ya terminaron luego de que sus responsables rectificaran sus declaraciones de impuestos. Otros 55 permanecen en distintas etapas del proceso, incluidos casos liquidados o en vías de notificación y citación. En tanto, ocho finalizaron sin rendimiento, debido a que los contribuyentes justificaron adecuadamente las diferencias detectadas.

En total, las acciones permitieron alcanzar un rendimiento tributario superior a los $10.400 millones, cuyos antecedentes son remitidos de manera coordinada a la Tesorería General de la República para iniciar los procedimientos de cobro correspondientes.

Fiscalizaciones, clausuras y controles a bodegas

Durante 2025, el SII efectuó 1.792 acciones de fiscalización en terreno en Barrio Meiggs, que incluyeron la captura de información, 176 clausuras efectivas de comercios, controles móviles, revisión de la emisión y registro de documentos y empadronamiento de comerciantes. También se presentaron denuncias y querellas.

Entre las medidas implementadas se encuentran los controles nocturnos a las descargas de camiones, con el objetivo de identificar los puntos de acopio, conocer el tipo de mercancías recibidas y verificar si las direcciones de descarga estaban informadas por los contribuyentes importadores o si la documentación correspondía a otros RUT.

Los equipos también utilizaron las cámaras de seguridad de la sala de control municipal para detectar posibles puntos de descarga y coordinar fiscalizaciones. A esto se sumaron controles móviles semanales junto a la Municipalidad de Santiago y Carabineros, que permitieron cursar infracciones, clausurar establecimientos e incautar productos falsificados, además de presentar querellas por comercio clandestino.

En paralelo, el trabajo conjunto con el municipio permitió empadronar a 554 vendedores de los denominados “toldos azules”. Al contrastar esa información con los registros del SII, se identificó que algunos contribuyentes formalizados también recurrían a trabajadores o familiares para realizar ventas informales en espacios públicos.

Las fiscalizaciones a bodegas, en tanto, evidenciaron dificultades para determinar los inventarios, debido a que en un mismo recinto se almacenaban productos de distintos contribuyentes sin separación física. También se detectaron situaciones en que no todas las importaciones eran declaradas, mientras las ventas sin documentación generaban remanentes permanentes.

SII detecta nuevas diferencias y evalúa más auditorías

El monitoreo de los 111 contribuyentes continúa. Tras la Operación Renta 2026, el organismo detectó nuevas diferencias de ingresos por más de $144 mil millones, al comparar los montos declarados en el Formulario 22 con la información de la Declaración Jurada 1955.

Frente a los contribuyentes que todavía no han rectificado las inconsistencias, la Dirección Regional Metropolitana Centro está analizando sus declaraciones de IVA y renta para identificar los casos de mayor riesgo e iniciar nuevos procesos de auditoría.

Por otra parte, la directora regional Metropolitana Centro del SII, Paola Pacheco, recordó que entre los casos auditados durante 2025 figuran dos de los cinco comerciantes de malls chinos contra quienes el SII presentó querellas a comienzos de 2026, por un presunto perjuicio fiscal superior a $2.300 millones. Según la directora, los antecedentes aportados permitieron obtener diversas medidas cautelares contra los imputados, mientras la institución continúa colaborando con la investigación.