“Problema de coordinación”: revuelo en oficialismo por recurso del Gobierno al TC y desconocimiento de Alvarado

Revuelo generó al interior del oficialismo la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una de las normas incorporadas a la megarreforma de Reconstrucción Nacional, que establece la obligación de reconectar los servicios básicos en zonas declaradas como catástrofe.

La disposición, incorporada al proyecto por la diputada Sofía González (PC), establece que las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas deberán restablecer gratuitamente sus servicios, con un plazo máximo de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado.

La norma motivó la intervención del Ejecutivo, que ingresó el pasado sábado un requerimiento ante el TC. Desde el Gobierno argumentaron que la iniciativa original estaba orientada a financiar y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de enero de 2026, además de promover la reactivación económica.

Bajo esa premisa, La Moneda sostiene que el proyecto no contemplaba modificaciones al régimen de reconexión de servicios básicos ni cambios a la Ley 16.282, por lo que dicha disposición habría sido incorporada posteriormente mediante una indicación parlamentaria.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la decisión y afirmó que la norma “está fuera de la idea matriz” del proyecto, por lo que, a su juicio, existe el riesgo de que “se cometan errores”. En ese sentido, recordó que el Ejecutivo ya había formulado una reserva de constitucionalidad durante la tramitación de la megarreforma, precisamente por considerar que la disposición no guardaba relación con su objetivo original.

Quiroz, de todos modos, abrió la puerta a discutir una regulación específica para este tipo de situaciones. “No estamos cerrados, en ningún caso, a que se haga algún tipo de norma especial para el tipo de catástrofe con estos servicios, pero que se redacte bien y a lo mejor sea algo como artículo único”, planteó.

El desconocimiento de Alvarado

En medio de la controversia, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, reconoció que desconocía que la administración de José Antonio Kast había decidido recurrir al TC.

“Todas nuestras acciones son públicas y notorias, por lo tanto, existen acciones y decisiones que se adoptan en distintos momentos y circunstancias”, señaló inicialmente.

Sin embargo, al ser consultado por las razones para no haber informado públicamente sobre el requerimiento, el ministro admitió que no tenía conocimiento de la acción.

“Esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo información. El proyecto de reconstrucción es un proyecto que siempre ha tenido la conducción técnica y legislativa de Hacienda y si han considerado tomar esas decisiones, son legítimas”, sostuvo.

“Son múltiples las decisiones que hay que tomar y si las decisiones son correctas y así lo estima un ministro, esa decisión se acata y se respalda, así de simple”, agregó.

Las críticas por coordinación

La situación rápidamente abrió un debate al interior del oficialismo respecto de la coordinación entre las distintas autoridades de La Moneda. A diferencia de Alvarado, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que sí estaba al tanto de la decisión del Ejecutivo y apuntó directamente a una eventual falla de coordinación.

“Nosotros sí sabíamos. Por lo tanto, aquí probablemente hubo un problema de coordinación, que la persona que tenía que informarle al ministro no lo hizo, pero al menos la persona que tenía que informarle a los presidentes de partido, sí lo hizo”, afirmó.

Ramírez aseguró, además, que conocía de antemano la intención del Gobierno de acudir al TC.

“Yo tenía clarísimo que iban a ir al TC por esa norma aprobada en el proyecto de ley de Reconstrucción, y, por lo tanto, estas cosas pasan. Lo importante es que se aprenda del error y que no se vuelva a cometer”, sostuvo.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también puso el foco en la necesidad de mejorar la coordinación dentro del Ejecutivo.

“A esta altura es al Gobierno al que le corresponde coordinarse, ordenarse y, evidentemente, mientras más coordinados estén, más fácil es la labor que se realiza en el Congreso”, manifestó.

En la misma línea, el senador Rodolfo Carter (ind.-REP) calificó como un “error” el desconocimiento expresado por Alvarado y cuestionó la falta de coordinación entre Interior y Hacienda.

“Un Gobierno debe tener coordinación en algo tan esencial como esto. (…) Los dos (Alvarado y Quiroz) deberían estar más coordinados porque claramente la ciudadanía no entiende que en un mismo Gobierno, Interior y Hacienda no conozcan lo que hacen”, indicó.