Fiscalía investiga a otros cinco funcionarios de la PDI por red de secuestros extorsivos contra ciudadanos chinos

La Fiscalía Supraterritorial y Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones indagan la eventual participación de otros cinco funcionarios de la PDI en una organización dedicada a secuestrar y extorsionar a ciudadanos chinos.

La investigación ya mantiene en prisión preventiva a tres integrantes de la policía civil y al exfiscal Vinko Fodich. Si las nuevas indagatorias confirman las sospechas, serían ocho los funcionarios policiales que habrían colaborado con la red.

Siete de ellos pertenecen a la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y el octavo se desempeñaba en el Laboratorio de Criminalística de La Serena.

El caso se relaciona con el secuestro de Mingkai Fu, cuñado de integrantes del denominado Clan Chen, ocurrido el pasado 6 de agosto. La organización habría simulado un procedimiento policial para obtener $30 millones de la familia de la víctima.

Tres detectives en prisión preventiva

Los funcionarios formalizados son el comisario Pablo Gajardo Romo, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el asistente policial Sebastián Gajardo Rojas.

Los tres quedaron en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo y extorsión. En la causa también se investigan infracciones relacionadas con la tenencia de armas, municiones y elementos pirotécnicos.

Los antecedentes reunidos indican que Sebastián Gajardo habría conducido el vehículo Kia Sportage utilizado para secuestrar a la víctima y darle apariencia de legalidad a la falsa detención.

A Pablo Gajardo y Rodrigo Navarrete se les atribuye haber acudido al departamento de Mingxia Fu, hermana del secuestrado y pareja del líder del Clan Chen, para presionar a la familia y exigir el pago.

El origen de la operación

La trama se habría iniciado por una deuda de $200 millones que reclamaba el ingeniero comercial y asesor financiero Ángelo Stevens.

El profesional había trabajado con integrantes del Clan Chen para liberar fondos retenidos y recibiría como comisión el 3% del dinero recuperado. Como el pago no se concretó, habría buscado otra vía para cobrar.

Stevens declaró que Stefano Andreotti Parada le ofreció los servicios de una “cuadrilla de policías” que se dedicaba a presionar a ciudadanos chinos para obtener dinero.

Según su testimonio, Andreotti tenía contacto con Rodrigo Navarrete, quien habría señalado que ocho funcionarios de la PDI trabajaban con él. El grupo disponía de un recinto arrendado que podía ser ambientado como dependencia policial para simular procedimientos oficiales.

Un falso cuartel y un supuesto agente del FBI

Durante el secuestro, Vinko Fodich habría representado el papel de abogado de la víctima, mientras Stevens apareció como otro detenido. Luis Moraga y Ángel Herrera se hicieron pasar por detectives y Claudio Navarrete actuó como un supuesto agente del FBI.

Otros funcionarios habrían permanecido en el exterior del falso cuartel, utilizando las balizas azules de un vehículo policial para reforzar la apariencia de que se desarrollaba un procedimiento real.

La investigación sostiene que Navarrete recibió $3,5 millones y posteriormente otros $3 millones. Este último monto habría sido repartido entre seis policías, quienes obtuvieron $500 mil cada uno por prestar cobertura desde un vehículo institucional.

Entre los funcionarios investigados aparecen Javier Correa Quiroga y Juan Cares Gutiérrez. Ambos habrían permanecido fuera del recinto para completar la puesta en escena.

La Fiscalía también detectó 15 transferencias realizadas desde la cuenta de Cares hacia la del inspector Navarrete, por un total de $360 mil.

Denuncias falsas para movilizar policías

Una de las líneas investigativas apunta a que los detectives presentaban denuncias falsas para justificar sus desplazamientos y concurrir oficialmente a los lugares donde pretendían intimidar a las víctimas.

En el caso de Mingkai Fu, Luis Moraga habría presentado ante la Bicrim de La Pintana una denuncia falsa por apropiación indebida contra una persona supuestamente domiciliada junto al departamento de la víctima.

Dos funcionarios recibieron esa denuncia. La Fiscalía solicitó sus registros de llamadas y antecedentes bancarios para establecer si conocían el verdadero propósito del procedimiento.

Un testigo reservado denunció además que los mismos policías habrían participado en al menos otros tres hechos delictivos. El Ministerio Público busca determinar ahora si la organización utilizó anteriormente el mismo método contra otras víctimas.

Agente cobraba por consultas reservadas

El único funcionario investigado que no pertenece a la Bicrim de La Pintana es Manuel Figueroa, agente con 23 años de servicio destinado al Laboratorio de Criminalística de La Serena.

Figueroa reconoció ante Contrainteligencia que efectuó entre 20 y 30 consultas en sistemas institucionales de la PDI a solicitud de Stefano Andreotti.

Las búsquedas permitían conocer si determinadas personas eran investigadas o mantenían antecedentes penales u órdenes de detención. De acuerdo con su declaración, habría recibido alrededor de $100 mil por cada consulta.

La Fiscalía lo investiga en calidad de imputado. El funcionario presentó su renuncia a la Policía de Investigaciones mientras continúan las diligencias para establecer el alcance completo de la red y la eventual participación de otros agentes.