Defensoría y Unicef advierten que 46% de las asignaciones presupuestarias para NNA cayó durante 2026

Casi la mitad de las asignaciones presupuestarias destinadas específicamente a niños, niñas y adolescentes (NNA) registró una disminución durante el primer semestre de 2026, según un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile.

El Informe de Política Pública N°7 comparó los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos 2026 con los montos vigentes a junio de este año y analizó 188 asignaciones destinadas directamente a programas, prestaciones o instituciones relacionadas con la niñez y adolescencia.

De ese universo, 86 asignaciones disminuyeron, equivalentes al 45,7%; otras 90 no presentaron variaciones, mientras que solo 12 aumentaron, correspondientes al 6,4%. Además, 54 asignaciones registraron reducciones superiores al 3%.

El análisis se realizó en el contexto del ajuste fiscal instruido durante 2026, que contempló una reducción transversal de 3% del presupuesto vigente de los organismos de la Administración del Estado.

El efecto de los SLEP

En términos agregados, los recursos analizados disminuyeron en 0,1%, equivalente a $12.438 millones. Sin embargo, el informe advierte que esta cifra está condicionada por el aumento de $71.216 millones registrado en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Al excluir este incremento, el resto de los programas e instituciones considerados presenta una disminución de $83.654 millones, equivalente a 0,8% respecto de los recursos aprobados inicialmente.

Frente a este escenario, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que las restricciones fiscales no deben implicar una pérdida de prioridad para la infancia.

“Frente a situaciones de emergencia o contingencias económicas, los niños, niñas y adolescentes deben ser priorizados adecuadamente”, sostuvo, señalando que esto no implica desatender la eficiencia del gasto, sino asegurar que los ajustes que sean necesarios y estén debidamente justificados permitan mejorar los servicios públicos y mantener la inversión en áreas prioritarias.

En la misma línea, la representante de UNICEF en Chile, Violet Speek Warnery, advirtió que el descenso de la población infantil no debiera traducirse en una menor inversión por niño.

“Que nazcan menos niños y niñas no disminuye la necesidad de invertir en ellos; por el contrario, aumenta la importancia de asegurar que cada uno tenga acceso a educación, protección, salud mental y oportunidades de calidad”, afirmó.

Reducciones en áreas vinculadas a la niñez

Entre las áreas que registraron disminuciones se encuentran primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.

Uno de los casos destacados corresponde a la asignación de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, vinculada al sistema de protección especializada, que registró una reducción de 28%.

En educación, las principales disminuciones sectoriales se concentraron en infraestructura pública. Dos de sus principales líneas de mejoramiento experimentaron bajas de $14.600 millones (-28,1%) y $14.048 millones (-20,5%), respectivamente.

No obstante, el informe advierte que los datos presupuestarios por sí solos no permiten determinar el impacto concreto de estas reducciones sobre la cobertura o calidad de las prestaciones. Para ello, plantea la necesidad de contar también con información sobre beneficiarios, prestaciones entregadas, metas comprometidas y niveles de oportunidad y calidad.

Asimismo, señala que los antecedentes disponibles no permiten establecer de manera suficiente y homogénea los fundamentos de cada reducción, sus eventuales efectos ni las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios.

Mirada al Presupuesto 2027

De cara a la discusión del Presupuesto 2027, la Defensoría de la Niñez y UNICEF recomendaron resguardar la prioridad presupuestaria de niños, niñas y adolescentes, fortalecer el seguimiento de la inversión y exigir que las eventuales reducciones cuenten con una justificación técnica clara.

También plantearon prestar especial atención a programas preventivos y de apoyo temprano, especialmente aquellos relacionados con primera infancia, protección integral, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.

El informe incorpora además el factor demográfico. Si bien la disminución de la población infantil puede modificar determinadas necesidades de cobertura, las instituciones sostienen que esto no reduce las obligaciones del Estado en materia de garantía de derechos. Por el contrario, plantean que podría representar una oportunidad para aumentar la inversión por niño, mejorar la calidad de las prestaciones y cerrar brechas persistentes.