Fiscalía acusa a ocho imputados por fraude al Fisco y solicita desafuero del senador Calisto

Tras una investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Coyhaique junto a la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público presentó la acusación contra ocho imputados por los delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. Entre los acusados por fraude al Fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto.

De acuerdo con la Fiscalía, el perjuicio ocasionado al Estado supera los $100 millones. La acusación fue presentada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich.

Cabe destacar que el caso ya había llegado a esta etapa procesal, pero el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrir la investigación para realizar diligencias específicas solicitadas por las defensas, entre ellas declaraciones y peritajes. Según el Ministerio Público, dichas diligencias permitieron corroborar y reforzar la tesis que sustenta la acusación.

Uno de los principales puntos de la investigación apunta a las supuestas asesorías parlamentarias prestadas por la coimputada Carla Graf Toledo. La Fiscalía sostiene que estas prestaciones jamás se realizaron.

Como antecedente, el Ministerio Público señala que durante la reapertura declararon, entre otros, el jefe de gabinete del senador, su periodista, su secretaria y su chofer en el Congreso. Según la acusación, ninguno pudo explicar cómo, cuándo o de qué manera se habrían desarrollado las asesorías de Graf, ni pudo dar cuenta del trabajo que esta habría realizado para el entonces diputado Calisto.

El presunto mecanismo

Según la acusación, Miguel Ángel Calisto, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf habrían utilizado la contratación de esta última como asesora parlamentaria del entonces diputado Calisto como un mecanismo para obtener recursos fiscales de manera fraudulenta.

La Fiscalía sostiene que Calisto realizó las gestiones necesarias ante la Cámara de Diputados para concretar la contratación, pese a que —según la tesis del Ministerio Público— los involucrados sabían que Graf no cumpliría con las obligaciones para las que fue contratada.

Los contratos fueron celebrados entre la Cámara de Diputados y Graf y, de acuerdo con la acusación, habrían constituido únicamente un mecanismo para obtener dinero del Fisco.

El Ministerio Público plantea además que los recursos recibidos por Graf fueron destinados tanto a su beneficio personal como al de otras personas, entre ellas Roland Cárcamo Catalán, el entonces diputado y actual senador Miguel Ángel Calisto y otras personas vinculadas al Partido Demócrata Cristiano.

Fiscalía solicita desafuero de Calisto

Paralelamente a la presentación de la acusación, el Ministerio Público solicitó ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en conformidad con el artículo 416 inciso primero del Código Procesal Penal.

La Fiscalía busca que el tribunal de alzada determine que existen antecedentes suficientes para declarar admisibles los capítulos de la acusación formulados contra el parlamentario.

Asimismo, solicitó que se suspenda la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral mientras la Corte de Apelaciones no resuelva la solicitud de desafuero.

La resolución de este requerimiento será clave para determinar el avance del procedimiento respecto del senador, quien actualmente cuenta con fuero parlamentario.