Contraloría propone destituir a Jaime Tohá y pone a Sichel ante una difícil decisión sobre otro de sus hombres de confianza
Una nueva y compleja decisión administrativa y política quedó en manos del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. La Contraloría General de la República concluyó un sumario iniciado en febrero pasado contra Jaime Mario Tohá Lavanderos, director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), estableció que incurrió en acoso laboral y una grave vulneración al principio de probidad administrativa, y propuso que sea destituido de la Municipalidad de Ñuñoa.
La resolución, fechada el 3 de septiembre, es categórica. Tras revisar un expediente de 376 fojas, declaraciones de funcionarios, antecedentes médicos, correos electrónicos y los descargos del propio Tohá, Contraloría resolvió mantener íntegramente el cargo formulado en su contra y propuso aplicar la máxima sanción contemplada en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales: la destitución.
Pero Tohá todavía no está destituido.
La resolución de Contraloría constituye la proposición disciplinaria emanada del organismo que instruyó el sumario. En materia municipal, el acto final corresponde a la autoridad que posee la potestad disciplinaria: en este caso, el alcalde Sebastián Sichel. La propia Contraloría remitió el expediente al municipio y le dio 20 días hábiles para informar qué resuelve en definitiva, acompañando además los antecedentes correspondientes al trámite de toma de razón.
Eso coloca a Sichel ante una disyuntiva especialmente sensible: acoger la propuesta y destituir a uno de los funcionarios relevantes de su administración, además su amigo y hombre de confianza, o apartarse de ella mediante una decisión administrativa que deberá sostener jurídicamente y que quedará sometida al control de Contraloría.
La legislación establece que, cuando un sumario de Contraloría se practica en una municipalidad, corresponde al organismo fiscalizador proponer a la autoridad administrativa que haga efectiva la responsabilidad y a esta aplicar las sanciones que procedan. La jurisprudencia ha reconocido que la resolución del ente contralor es un acto intermedio y que el alcalde dicta el acto terminal.
El episodio que Contraloría dio por acreditado
El origen del caso se remonta al 30 de septiembre de 2025.
Paula Elizabeth Valero Peña, entonces abogada fiscalizadora de la Dirección de Control de Ñuñoa, había formulado observaciones a las bases de una licitación denominada “Mejoramiento sistema de luminarias viales sector oriente”.
Según estableció Contraloría, las observaciones advertían que las bases no contemplaban determinadas exigencias sobre baños, cierre perimetral, señalética y seguridad, además de hacer referencia a normativa ambiental que se encontraba derogada.
Tohá, entonces director de Secpla, llegó hasta el puesto de trabajo de Valero.
Contraloría considera acreditado que la increpó agresivamente y en tono elevado delante de otros funcionarios, calificándola de “ignorante”, afirmando que “no sabía nada” y utilizando otras expresiones ofensivas y denigrantes relacionadas con las observaciones que la profesional había realizado a la licitación.
Dos testigos presenciales respaldaron aspectos centrales de la denuncia. Una funcionaria relató que Tohá comenzó a levantar la voz y que, ante la situación, envió un mensaje de WhatsApp a un compañero: “SOS. Jaime está alterado. Acá. Ven. Urgente”. Otro funcionario declaró que lo vio llegar exaltado.
La denunciante sufrió posteriormente una crisis que los testimonios describieron con llanto incontrolable y temblores. Los antecedentes médicos incorporados al sumario diagnosticaron un “episodio por estrés agudo”, acompañado de ansiedad, angustia, problemas de concentración y alteraciones del sueño.
Tohá negó haber actuado de esa manera. En sus descargos sostuvo que se trató de una discrepancia estrictamente profesional sobre una observación que, a su juicio, estaba retrasando una licitación y rechazó haber gritado o insultado a la funcionaria.
Contraloría descartó esa explicación.
El organismo concluyó que las pruebas reunidas excedían ampliamente el estándar necesario para establecer la ocurrencia de los hechos y rechazó la tesis de que la denuncia hubiese sido construida falsamente como reacción al término del contrato de la funcionaria.
Finalmente estableció que Tohá “ha vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa” mediante actos constitutivos de acoso laboral y un trato irrespetuoso, humillante y denigrante.
Quién es Paula Valero
Paula Elizabeth Valero Peña es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una trayectoria profesional principalmente vinculada al derecho administrativo, las compras públicas y las licitaciones.
Antes de incorporarse a la Municipalidad de Ñuñoa en plena administración de Sichel se desempeñó en organismos como Cenabast, la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Medio Ambiente, donde ejerció como jefa del Departamento de Contratación Pública y Acceso a la Información. Entre julio de 2024 y octubre de 2025 trabajó como abogada informante en la Contraloría General de la República y actualmente se desempeña, según su perfil profesional, como jefa de la Unidad Jurídica del Parque Estadio Nacional, dependiente del Instituto Nacional de Deportes.
Su experiencia resulta especialmente pertinente para entender el episodio investigado: en Ñuñoa se desempeñaba como abogada fiscalizadora de la Dirección de Control y fue precisamente una observación formulada por ella a las bases de la licitación mencionada —sobre exigencias de ejecución y la inclusión de normativa ambiental derogada— la que precedió al enfrentamiento con Jaime Tohá. Contraloría consignó además declaraciones de funcionarios municipales que la describieron como una profesional de alto desempeño y con amplia experiencia en compras públicas y materias administrativas.
Cabe destacar que una de las mayores falencias de la administración Sichel son los errores cometidos en las bases de licitaciones.
Tomás Fuentes aparece en el mismo expediente
El caso adquiere una dimensión política adicional porque en el expediente aparece otro de los colaboradores más estrechos de Sichel: Tomás Fuentes Barros, exadministrador municipal y actual director de Desarrollo Comunitario.
El mismo 30 de septiembre de 2025, pocas horas después del incidente entre Tohá y Paula Valero, desde la Administración Municipal se le comunicó a la abogada que su contratación terminaría ese día y que no continuaría trabajando en la municipalidad desde el 1 de octubre.
El expediente identifica expresamente como antecedente probatorio un correo electrónico de Tomás Fuentes, entonces administrador municipal, fechado el 30 de septiembre.
Contraloría fue cuidadosa en este punto: no estableció que Tohá hubiese ordenado despedir a Valero ni calificó el término de su contrata como una represalia instruida por él. Sin embargo, señaló que, a partir de los antecedentes recopilados, era posible “presumir fundadamente” que lo ocurrido pudo perjudicar la situación laboral y las oportunidades de empleo de la denunciante. Funcionarios de Control declararon que Valero era una profesional altamente valorada y que no querían que abandonara la unidad.
La coincidencia temporal es políticamente incómoda para la administración: el enfrentamiento ocurre durante la mañana; a las 15:14 horas la Administración Municipal comunica el término del vínculo de Valero; y posteriormente la funcionaria formaliza su denuncia.
El pasado de Tohá en Junaeb
Jaime Tohá Lavanderos, primo de la exministra Carolina Tohá, no es un desconocido en la administración pública ni para Sebastián Sichel.
Antes de llegar a Ñuñoa, encabezó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En 2021 su gestión enfrentó cuestionamientos y actuaciones de Contraloría.
Una auditoría al sistema especial de canastas de alimentación implementado durante la pandemia detectó deficiencias importantes. Entre ellas, que determinados productos no permitían cubrir los 15 días previstos y que miles de estudiantes que cumplían con las condiciones del Programa de Alimentación Escolar quedaron fuera de algunas entregas. Contraloría ordenó entonces un sumario para determinar eventuales responsabilidades funcionarias. Tohá defendió públicamente la actuación de Junaeb, sostuvo que la fiscalización correspondía a las primeras semanas de un sistema implementado en condiciones excepcionales y aseguró que las deficiencias habían sido corregidas.
Ese mismo año, la Asociación de Funcionarios de Junaeb presentó otra denuncia ante Contraloría por eventuales infracciones al principio de probidad vinculadas con contrataciones de la institución. La presentación apuntó directamente a Tohá y planteó posibles conflictos de interés relacionados con contratos con la empresa Net Now. Aquello constituyó una denuncia que debía ser investigada, y no una acreditación de responsabilidad administrativa de Tohá.
La denuncia de 2021 también mencionaba la cercanía personal y política de Tohá con Sebastián Sichel, entonces candidato presidencial. Es precisamente ese antiguo vínculo el que hoy entrega una dimensión adicional al dilema que enfrenta el alcalde de Ñuñoa.
Sichel y la defensa de Tomás Fuentes
El caso Tohá no llega en un vacío.
Durante 2026, Sichel ya debió enfrentar una controversia de alto impacto relacionada con Tomás Fuentes, considerado uno de sus principales colaboradores.
Fuentes había sido condenado en marzo de 2025 por conducir en estado de ebriedad, después de haber sido sorprendido con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre. La sentencia contemplaba, entre otras penas, la suspensión por 41 días para ejercer cargos públicos. Pese a ello continuó desempeñándose como administrador municipal hasta que el caso se hizo público en marzo de este año.
Fuentes renunció como administrador, pero Sichel decidió inmediatamente mantenerlo dentro del municipio y lo designó director de Desarrollo Comunitario.
Contraloría determinó posteriormente que ese nombramiento “no se ajustó a derecho”, porque Fuentes mantenía una inhabilidad judicial vigente al momento de ser designado. El organismo también observó que el funcionario no había informado oportunamente la sentencia y que había declarado bajo juramento no encontrarse afecto a inhabilidades.
Sichel salió públicamente en su defensa.
“Nada legal ni ético impide que sea Dideco”, afirmó el alcalde en abril, sosteniendo que el problema detectado por Contraloría se refería esencialmente a la fecha del nombramiento.
Fuentes continúa siendo una figura relevante en la administración. Apenas la semana pasada volvió a estar en el centro de una polémica luego de retirar personalmente lienzos instalados por vecinos que protestaban contra el Foro Madrid en Plaza Ñuñoa. El municipio defendió su actuación señalando que ejercía funciones de inspector.
Contraloría abrió además otro flanco en agosto, cuando cuestionó que la Dirección Jurídica municipal hubiese asumido la defensa de Sichel en una causa penal sin que previamente existiera una investigación afinada que descartara eventuales responsabilidades administrativas, ordenando ajustar el uso de recursos públicos.
La decisión ahora es de Sichel
El oficio que Contraloría envió el 3 de septiembre a la Municipalidad de Ñuñoa no deja abierta indefinidamente la situación.
El organismo exige al alcalde informar, dentro de 20 días hábiles, qué decisión adopta respecto del sumario de Jaime Tohá. También recuerda expresamente que la falta de respuesta oportuna a sus requerimientos puede ser sancionada con una multa de hasta 15 días de remuneraciones e incluso con suspensión sin goce de sueldo mientras no sean entregados los antecedentes solicitados.
Sichel dispone jurídicamente de la potestad para dictar el acto administrativo definitivo. Pero esta vez la cuestión excede lo meramente disciplinario.
Contraloría no está examinando una denuncia pendiente ni una acusación política de concejales: ya investigó, tomó declaraciones, revisó documentación, analizó los descargos y estableció responsabilidad administrativa, proponiendo la máxima sanción.
Si Sichel acoge la propuesta, deberá apartar de Secpla a un colaborador con quien mantiene una relación de años. Si opta por una sanción diferente o decide no ejecutar la destitución propuesta, deberá explicar por qué se separa de las conclusiones de un sumario de Contraloría que calificó los hechos como una grave vulneración a la probidad.
En cualquiera de los escenarios, la resolución tendrá efectos políticos.
Porque después de la defensa cerrada que realizó de Tomás Fuentes —pese a su condena judicial y al posterior pronunciamiento de Contraloría sobre su nombramiento—, una nueva decisión favorable a mantener a otro estrecho colaborador cuestionado por el organismo fiscalizador podría instalar una pregunta que trasciende el caso individual: hasta dónde está dispuesto Sebastián Sichel a llegar para defender a su círculo de confianza cuando los reparos ya no provienen solamente de sus adversarios políticos, sino de la propia Contraloría General de la República.
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