“Chile no volverá a caer en la violencia ni en la impunidad”: oficialismo firma declaración por el 18-O

A días de cumplirse siete años del estallido social del 18 de octubre de 2019, los partidos del oficialismo suscribieron una declaración conjunta en la que condenaron la violencia registrada durante las manifestaciones y reafirmaron su compromiso con el Estado de Derecho.

El documento fue firmado por el Partido Social Cristiano, Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli, Demócratas y el Partido Republicano, bajo el título “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”.

En el texto, las colectividades calificaron el estallido social como “uno de los peores episodios que recuerde la historia reciente de Chile” y sostuvieron que el 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de un período de violencia, deterioro económico e inseguridad cuyas consecuencias, según afirmaron, todavía afectan al país.

Asimismo, señalaron que hubo sectores que intentaron obtener réditos políticos a partir de la promoción del odio y la violencia social.

“Como presidentes de los partidos y movimientos aquí firmantes afirmamos que no hay causa que justifique la violencia. Condenamos toda forma de agresión como método de acción política, venga de donde venga”, plantearon.

En esa línea, mencionaron la destrucción del Metro, los saqueos al comercio, los atentados incendiarios y los daños a ciudades, espacios urbanos y patrimonio cultural, rechazando que estas acciones puedan considerarse formas legítimas de expresión.

Cuestionamientos a sectores políticos y los indultos

La declaración también apuntó contra sectores políticos que, según los firmantes, justificaron o respaldaron la violencia durante las movilizaciones de octubre de 2019.

“Chile no debe olvidar que hubo sectores políticos que justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019”, indicaron.

A continuación, cuestionaron a quienes llamaron a evadir el transporte público y reivindicaron a la denominada “primera línea”. También criticaron que los saqueos, la quema de estaciones del Metro y los ataques a iglesias y al patrimonio cultural fueran presentados, a su juicio, como actos de justicia.

En el mismo pasaje, las colectividades vincularon esas actuaciones con los indultos concedidos durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric a condenados por delitos relacionados con el período, además de las pensiones de gracia otorgadas a personas reconocidas como víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido.

“Convirtieron el saqueo, la quema del Metro, de iglesias y patrimonio cultural urbano en un acto de malentendida justicia para luego indultar delincuentes y premiarlos con pensiones de gracia”, sostuvieron.

Defensa del Estado de Derecho

Otro de los puntos centrales del documento fue el respaldo a las instituciones encargadas del orden público. Los partidos afirmaron que Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y las Fuerzas Armadas deben contar con respaldo político, jurídico y social para cumplir sus funciones constitucionales.

Finalmente, las colectividades manifestaron su rechazo a que el país vuelva a un escenario similar al de octubre de 2019 y reafirmaron su compromiso con las víctimas y las instituciones policiales.

“No permitiremos que Chile vuelva a la lógica de octubre de 2019, ni a la validación de la violencia o la impunidad”, concluyeron, antes de reiterar que el país no debe volver a caer en la violencia como forma de acción política.