Carlos Peña cuestiona reforma constitucional del Gobierno: “¿Un texto sin autor?”

El abogado y rector de la UDP, Carlos Peña, lanzó una dura crítica contra el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno y posteriormente sometido a modificaciones, especialmente por las disposiciones que entregaban al Presidente amplias facultades para suspender o restringir derechos fundamentales.

En su columna dominical publicada por El Mercurio, titulada “¿Un texto sin autor?”, Peña plantea que el problema político no desaparece simplemente porque el Ejecutivo haya decidido revisar algunas de las disposiciones más controvertidas.

Su cuestionamiento apunta directamente a determinar quiénes concibieron, redactaron, aprobaron y firmaron el proyecto original.

Peña recuerda que la iniciativa contemplaba otorgar al Presidente facultades para, durante un período prolongado, restringir derechos de los ciudadanos y reducir los contrapesos institucionales.

Tras las críticas surgidas incluso desde sectores que respaldan al Gobierno, La Moneda decidió revisar el texto.

Para el académico, sin embargo, ese retroceso no elimina la gravedad de lo ocurrido.

“Es difícil —salvo que la adhesión irreflexiva al Gobierno lo impida, o que los temores alimentarios hagan otro tanto— no advertir la gravedad que posee la presentación de ese proyecto de reforma constitucional”, escribió.

¿Quién redactó el proyecto?

Peña sostiene que resulta razonable asumir que tanto el Presidente como los ministros que suscribieron la iniciativa conocían y compartían originalmente su contenido.

Según señala, de otro modo habría que concluir que quienes firmaron el proyecto no comprendieron realmente sus disposiciones, una explicación que considera incluso más problemática.

“No cabe duda de que quien lo ideó, el Presidente y los ministros que firmaron el proyecto —salvo que al hacerlo estuvieran bromeando— pensaban que lo que él contenía era correcto”, plantea en su columna.

El académico cuestiona particularmente la posibilidad de entregar un poder excepcional al Ejecutivo para restringir derechos durante meses y disminuir el papel de otros órganos del Estado.

Para Peña, no basta con afirmar posteriormente que el texto contenía errores o fue preparado apresuradamente.

La seguridad y los derechos fundamentales

Otro de los argumentos que cuestiona es que la restricción de libertades pueda justificarse simplemente por razones de seguridad.

El columnista sostiene que precisamente las reglas constitucionales, los derechos fundamentales y los contrapesos institucionales existen para limitar al poder cuando existe temor o presión social por resolver problemas de seguridad.

A su juicio, incluso las mayorías pueden sentirse inclinadas a entregar poderes excesivos a una autoridad ante situaciones de miedo, por lo que la función del orden constitucional es establecer límites que no dependan de las circunstancias políticas del momento.

La discusión, señala, supera por lo tanto el detalle técnico de una determinada norma y alcanza una cuestión más profunda: qué concepción del poder presidencial existe dentro del Gobierno.

No basta con modificarlo

Peña también cuestiona la posibilidad de atribuir el polémico contenido de la reforma a una mera improvisación.

Hacerlo, argumenta, significaría sostener que quienes participaron de su elaboración no creían realmente en aquello que estaban proponiendo o que la iniciativa fue simplemente producto de un descuido.

Y tampoco considera suficiente que intelectuales cercanos al Ejecutivo hayan tomado distancia de determinados aspectos del proyecto y solicitado su modificación.

Para Peña, el problema fundamental persiste porque esas ideas estuvieron presentes dentro del Gobierno y llegaron al punto de transformarse en una iniciativa constitucional formalmente presentada.

Responsabilidad política

La columna concluye concentrándose en la responsabilidad de quienes participaron en la elaboración del texto.

“No basta con oponerse al proyecto”, plantea Peña, quien sostiene que también debe existir una posición explícita respecto de quienes lo concibieron y respaldaron institucionalmente.

Su interrogante final resume el argumento de toda la columna: si nadie asume la autoría política del proyecto original, el Gobierno corre el riesgo de recurrir al “viejo pretexto” de presentar una iniciativa polémica como si fuera simplemente “un texto sin autor”.

Para Peña, la rectificación de las disposiciones cuestionadas puede modificar el destino de la reforma, pero no responde la pregunta política de fondo: quién consideró razonable incorporarlas originalmente y por qué llegaron a convertirse en una propuesta oficial del Ejecutivo.