Cámara despacha Presupuesto 2027 al Senado tras rechazar recursos de seis ministerios y endeudamiento por US$25 mil millones

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, luego de aprobar su articulado y concluir la votación cerca de las 6:17 horas de este viernes. La iniciativa será revisada por la Cámara Alta durante la próxima semana.

El debate presupuestario comenzó el lunes 9 de noviembre, con la discusión en general, mientras que el análisis en particular se inició el martes 10. Durante las votaciones, la Sala rechazó los gastos variables de seis partidas ministeriales: Interior, Educación, Secretaría General de Gobierno, Minería, Mujer y Cultura.

A estas se sumó la partida de Ciencias, que ya había quedado sin recursos durante su paso por la Comisión Mixta de Presupuestos y que no recibió indicaciones del Ejecutivo para reponerlos.

También fueron rechazadas asignaciones específicas de otras carteras. Entre ellas se encuentran los recursos destinados al Instituto Nacional de Deportes (IND), en Deportes; al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en Desarrollo Social; al Serviu de Tarapacá, en Vivienda, y a las subsecretarías del Ministerio del Trabajo.

En su mayoría, estas decisiones respondieron a solicitudes de parlamentarios para que el Ejecutivo reevalúe las asignaciones propuestas, considerando que el Congreso no tiene facultades para aumentar los montos contemplados en el proyecto.

Rechazo a endeudamiento y normas sobre obras públicas

En la votación del articulado también se rechazaron disposiciones relevantes. Una de ellas fue la solicitud del Ejecutivo para contar con autorización para endeudarse hasta por US$25 mil millones.

Asimismo, la Sala rechazó el artículo 50, que permitía iniciar materialmente determinadas obras públicas desde la notificación del acto administrativo de adjudicación. La disposición contemplaba proyectos adjudicados mediante trato directo o licitación privada por montos de hasta 30 mil UTM, y mediante licitación pública por montos que no superaran las 75 mil UTM.

Seguridad Pública, Tesoro y Gobiernos Regionales

Durante la discusión de la partida de Seguridad Pública, parlamentarios oficialistas destacaron el aumento de 7% en los recursos destinados a reforzar el trabajo de las policías, con especial énfasis en Gendarmería, institución que registra el mayor incremento presupuestario.

Desde la oposición, en tanto, se plantearon observaciones sobre la asignación de recursos a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (Anci), además de cuestionamientos por las rebajas en el Plan contra el Crimen Organizado y en programas como Seguridad Rural y Denuncia Seguro. También se pidió reforzar el financiamiento de los centros de atención a víctimas y de las iniciativas de reinserción.

Otro de los puntos abordados fue la distribución territorial de los recursos, ante la solicitud de que el aumento presupuestario tenga un alcance equitativo entre las distintas regiones del país.

En la partida de Tesoro Público, diputados del Biobío insistieron en la necesidad de cumplir los compromisos de pensiones con los exmineros del carbón, mientras que otros legisladores solicitaron avanzar en los procesos de reconstrucción.

Uno de los asuntos que generó mayor controversia fue el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Desde el Partido Republicano, la UDI y el Partido Nacional Libertario se planteó la necesidad de terminar con el organismo y se cuestionó la protección que, a su juicio, le habría entregado el Gobierno. Desde la oposición, en cambio, se defendió su labor. Finalmente, la asignación destinada al instituto fue rechazada durante la votación de Tesoro Público.

También se plantearon reparos al aumento de la deuda pública contemplado en el Presupuesto 2027 y, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, se llamó a postergar la reforma tributaria ante la incertidumbre sobre los ingresos fiscales.

Por último, en materia de financiamiento a los Gobiernos Regionales, se valoró el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los gobernadores para reponer los recursos que reciben estas entidades. En ese contexto, se destacó que avanzar en descentralización requiere entregar mayores grados de autonomía a las regiones.

No obstante, también hubo cuestionamientos a la gestión de algunos gobernadores, particularmente por el uso de la denominada Ley Espejo en materia de transporte. A ello se sumaron solicitudes para fortalecer la transparencia en la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos provenientes del royalty minero.