Oposición acusa constitucionalmente a Rabat por rebajas de condena

Las bancadas de oposición ingresaron este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por las rebajas de condena concedidas durante su gestión y las explicaciones entregadas al Congreso sobre esas decisiones.

La presentación concreta la ofensiva anunciada el 28 de octubre, después de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que abordó los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

El procedimiento podría terminar con la destitución del secretario de Estado si prospera tanto en la Cámara como en el Senado.

El jefe de bancada de diputados del PS, Raúl Leiva, señaló que el documento consta de 189 páginas y tres capítulos, destinados a establecer eventuales infracciones constitucionales y legales del ministro.

“Todos los partidos de la oposición, de manera coordinada y articulada, anunciamos en su oportunidad la presentación de una acusación constitucional. Hemos adquirido la convicción política y jurídica de su interposición”, afirmó.

Leiva sostuvo que el objetivo es actuar en defensa de las víctimas y expresó su confianza en que la Cámara dé lugar a la acusación. “Este es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto”, agregó.

Primer capítulo: rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores

El primer eje cuestiona las 56 rebajas de condena que originaron la controversia, concedidas a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores. Los acusadores sostienen que el Ministerio extendió criterios contenidos en fallos particulares a otros casos, sin que existiera una orden judicial específica que obligara a otorgar cada beneficio.

Para Leiva, esa actuación habría significado que Rabat se arrogara facultades jurisdiccionales, vulnerando el artículo 76 de la Constitución, que reserva a los tribunales el conocimiento y resolución de las causas judiciales.

El fundamento legal invocado es la exclusión incorporada por la Ley 21.421, publicada en febrero de 2022, al sistema de reducción de condenas por comportamiento sobresaliente de la Ley 19.856. La disposición relativa a delitos sexuales contra menores se encuentra en el artículo 17, letra e) de esta última norma.

El diputado Juan Santana, firmante del libelo, aseguró que existe una convicción compartida sobre la responsabilidad del secretario de Estado.

“Tenemos la firme convicción de que el ministro Fernando Rabat vulneró nuestra Constitución y leyes de la República. Lo hizo porque le rebajó la condena a autores de crímenes contra menores de edad, violadores y pedófilos, aun cuando la ley es expresa en prohibir aquello”, manifestó.

La controversia jurídica incluye el alcance temporal de la modificación de 2022 y su aplicación a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia. Mientras Rabat ha defendido el criterio adoptado por su cartera, la oposición sostiene que los pronunciamientos judiciales favorables a determinados condenados no lo habilitaban para extender esa interpretación administrativamente.

Segundo capítulo: beneficios por crímenes de lesa humanidad

El segundo capítulo apunta a las reducciones de penas concedidas a condenados por crímenes de lesa humanidad y a su compatibilidad con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

Leiva sostuvo que el ministro habría incumplido normas constitucionales e internacionales e invocó, entre los fundamentos de la acusación, el artículo 110 del Estatuto de Roma.

Los acusadores cuestionan que se aplicaran las reglas generales de reducción de condena sin una evaluación suficiente de la naturaleza de los crímenes, los derechos de las víctimas y las exigencias internacionales de justicia.

Santana afirmó que el ministro también debe responder por haber reducido las penas de autores de estos delitos, pese a las restricciones que, a juicio de los parlamentarios, se desprenden de las normas y estándares nacionales e internacionales.

Tercer capítulo: información al Congreso y probidad

El tercer eje se refiere a la presunta vulneración del principio de probidad y de los deberes de información ante los órganos fiscalizadores.

La oposición acusa a Rabat de haber entregado explicaciones engañosas o incompletas durante sus comparecencias ante la Comisión de Constitución del Senado y la sesión especial de la Cámara.

“El ministro Rabat le mintió al país y al Congreso Nacional”, sostuvo Santana, quien lo responsabilizó de distorsionar los actos administrativos realizados por su cartera.

Leiva, por su parte, aseguró que los parlamentarios solicitan antecedentes desde el 22 de octubre y cuestionó la oportunidad de su entrega. Según su relato, documentación requerida por los diputados llegó después de una instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Esperamos poder revisar esos antecedentes”, indicó el jefe de bancada socialista, quien señaló que los documentos estaban siendo procesados por la Secretaría General de la Cámara.

La defensa de Rabat y el respaldo de Kast

Rabat ha defendido anteriormente las rebajas como una aplicación de la ley y de criterios judiciales, y ha rechazado que exista fundamento para acusarlo constitucionalmente.

En un oficio remitido al Senado, el ministro sostuvo que la reducción de condena es una potestad reglada: según su interpretación, corresponde verificar los requisitos legales y las causales de exclusión, sin rechazar beneficios por razones de oportunidad o conveniencia. El debate incluye, precisamente, si esa interpretación justificaba las decisiones adoptadas sin una orden judicial individual.

El Presidente José Antonio Kast ha mantenido al secretario de Estado en el cargo. Leiva cuestionó esa decisión y sostuvo que corresponde distinguir la responsabilidad política del mandatario de la responsabilidad constitucional que los diputados buscan establecer.

Santana fue explícito en su exigencia: “El ministro Rabat no puede continuar en el cargo y si el presidente Kast no pide su renuncia, vamos a ser los parlamentarios quienes, en uso de nuestras facultades fiscalizadoras, lo vamos a acusar constitucionalmente”.

En paralelo, el Gobierno informó esta semana la suspensión de la tramitación de todas las rebajas de condena, mientras impulsa cambios legales al sistema de beneficios.

Fiscalización administrativa y antecedentes penales

Leiva también situó la acusación en un escenario de investigaciones paralelas. Afirmó que la Contraloría General de la República está realizando diligencias en el Ministerio de Justicia y recordó la denuncia promovida ante el Ministerio Público por diputados como Juan Santana y Luis Cuello.

La acusación constitucional persigue una responsabilidad distinta de las que puedan establecerse en sede administrativa o penal. Su presentación no implica que los cargos estén acreditados ni reemplaza las investigaciones correspondientes.

Qué viene ahora

El libelo deberá ser examinado por una comisión de diputados, que analizará sus fundamentos y la defensa del ministro antes de informar a la Sala. Si la Cámara declara que ha lugar a la acusación, el procedimiento pasará al Senado, que resolverá como jurado.

Para un ministro de Estado, la aprobación en la Cámara requiere la mayoría de los diputados presentes y supone su suspensión del cargo. En el Senado se necesita la mayoría de los senadores en ejercicio para declarar su culpabilidad.

Si la Cámara Alta acoge alguno de los capítulos, Rabat quedará destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años.