Alcalde de Pozo Almonte queda con arraigo nacional y firma mensual tras ser formalizado por delitos tributarios

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte dejó este viernes 14 de agosto al alcalde de la comuna, Richard Alfonso Godoy Aguirre, sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, luego de ser formalizado por el Ministerio Público por presuntos delitos tributarios cometidos entre 2016 y 2021.

El jefe comunal fue imputado como autor de los delitos de aumento malicioso del crédito fiscal de IVA u otros gravámenes de retención mediante el uso reiterado de facturas falsas y simulación o adulteración de operaciones, contemplados en el artículo 97 N°4, inciso segundo, del Código Tributario.

Durante la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, las que no fueron objetadas por la defensa. El tribunal consideró que estas resultaban adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Fiscalía acusa uso de 45 facturas falsas

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, Godoy Aguirre se desempeñaba como alcalde de Pozo Almonte y, paralelamente, ejercía como administrador de hecho de la Empresa de Mantención a la Minería y Comercialización Limitada (EMYC).

En esa función, habría incurrido en una serie de irregularidades tributarias destinadas a evadir o reducir el pago de impuestos asociados a las ventas y servicios. Para ello, de acuerdo con la Fiscalía, habría utilizado facturas ideológicamente falsas emitidas por proveedores, con el objetivo de aumentar de manera maliciosa e indebida los créditos fiscales declarados en los respectivos formularios N°29.

El ente persecutor sostiene que esta práctica no contaba con respaldo documental y generaba diferencias entre los créditos fiscales declarados y aquellos registrados en los sistemas electrónicos de compras y ventas.

En particular, la investigación apunta al uso de 45 facturas falsas emitidas por cinco supuestos proveedores, documentos tributarios que darían cuenta de operaciones que, según la Fiscalía, nunca se realizaron.

Perjuicio fiscal supera los $1.300 millones

De acuerdo con la imputación, estas operaciones habrían permitido incrementar indebidamente el crédito fiscal IVA declarado por la empresa y, con ello, disminuir los montos efectivamente pagados al Servicio de Impuestos Internos (SII).

El perjuicio fiscal actualizado a agosto de 2021 fue estimado por el Ministerio Público en $1.316.591.501, correspondiente a impuestos a la renta y servicios que no habrían sido enterados al organismo fiscalizador.

La investigación continuará durante los próximos 120 días, período en el que la Fiscalía deberá profundizar las diligencias destinadas a establecer las responsabilidades que correspondan.