
Suprema ordena a Rabat resolver “a la brevedad” solicitud de rebaja de condena de condenado por violación de una menor
En medio de la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, la Corte Suprema ordenó a la cartera que encabeza el secretario de Estado resolver, a la brevedad, una solicitud para acceder a dicho beneficio presentada por un interno.
Se trata de Víctor Manuel Alarcón Torres, de 54 años, quien cumple una condena de cinco años y un día desde 2024 por el delito de violación reiterada de una menor de edad. Actualmente, permanece recluido en el Centro de Detención Preventiva de Limache.
La defensa recurrió a la justicia luego de que el Ministerio no se pronunciara sobre la solicitud de reconocimiento del beneficio de reducción de condena, pese a que el interno había sido calificado con conducta sobresaliente.
La resolución de la Corte Suprema
En su resolución, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó el fallo dictado el 5 de noviembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero incorporó una declaración expresa respecto de la obligación del ministerio.
En concreto, estableció que la cartera deberá “a la brevedad, acoger o rechazar la solicitud de reconocimiento del beneficio de reducción de condena del amparado conforme lo dispone la Ley N° 19.856 y su reglamento”.
El caso se originó luego de que Alarcón Torres fuera excluido del proceso de evaluación de la Comisión de Reducción de Condena de Valparaíso, debido al delito por el que fue condenado. Frente a esa decisión, su defensa presentó un recurso de amparo, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En esa oportunidad, el tribunal de alzada ordenó reincorporar al interno al proceso y evaluar su comportamiento, sin considerar la causal de exclusión contemplada en el artículo 17, letra e), de la Ley 19.856.
Dicha disposición establece restricciones para acceder a la reducción de condena por buena conducta a quienes hayan cometido determinados delitos graves, entre ellos ilícitos contra menores de edad.
Posteriormente, la comisión calificó a Alarcón Torres con conducta sobresaliente. Según argumentó su defensa, las rebajas acumuladas le habrían permitido adelantar su fecha de salida de prisión al 26 de octubre de este año.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia no emitió un pronunciamiento sobre la solicitud, lo que motivó la presentación de un segundo recurso de amparo, esta vez dirigido contra la cartera, por una presunta privación ilegal de libertad derivada de la demora en dictar el decreto correspondiente.
El 5 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió esta nueva acción judicial y ordenó al ministerio encabezado por Rabat resolver la petición en un plazo de 24 horas.
La cartera apeló la decisión ante la Corte Suprema, argumentando que la Ley 19.856 no establece un plazo específico para dictar el decreto que concede o rechaza el beneficio.
Finalmente, el 17 de noviembre, el máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones, con la declaración de que el Ministerio de Justicia deberá resolver a la brevedad la solicitud del interno.
La resolución se conoce luego de que el Ejecutivo anunciara, el 9 de noviembre, la suspensión de todos los decretos de rebaja de condena, sin excepciones, y en medio de la controversia política que enfrenta Rabat, incluida la votación de la acusación constituciona.
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