Senado aprueba vetos de Kast y despacha proyecto de reconstrucción en medio de críticas por medidas financieras

El Senado aprobó este miércoles los tres vetos supresivos presentados por el Gobierno al proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, cerrando así la tramitación legislativa de una iniciativa que concentró fuertes críticas tanto por su contenido financiero como por las disposiciones asociadas a la reposición de servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes.

Las observaciones del Ejecutivo ya habían sido respaldadas previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que la votación en la Cámara Alta permitió completar el trámite parlamentario de la denominada “megarreforma”.

El primero de los vetos eliminó la prohibición absoluta del anatocismo, es decir, la imposibilidad de cobrar o capitalizar intereses sobre intereses en operaciones de crédito. La observación fue aprobada por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención.

El Gobierno defendió la supresión de esa norma argumentando que su aplicación podía afectar instrumentos como depósitos a plazo renovables, repactaciones, líneas de crédito, préstamos con periodos de gracia y operaciones con cuotas variables.

También fue aprobado el veto al denominado “derecho al olvido financiero”, por 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. La norma original exigía eliminar de registros internos y reportes a terceros las deudas impagas o extinguidas con más de cinco años e impedía utilizar esa información para rechazar productos financieros.

El Ejecutivo sostuvo que esta materia ya se encuentra regulada por la Ley del Registro de Deuda Consolidada y que una nueva regulación podría generar duplicidades, problemas de conservación de información y efectos no deseados en el acceso al crédito y en los balances de las instituciones financieras.

El tercer veto, aprobado en doble votación por 20 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones, eliminó la prohibición de pactar plazos excepcionales de pago superiores a 30 días en facturas, así como modificaciones en los plazos de pago del Estado como comprador.

El Gobierno argumentó que este tipo de acuerdos constituye una herramienta de financiamiento relevante para empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas.

Debate por reposición de servicios básicos

La discusión estuvo marcada además por el requerimiento que el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional respecto de la norma que obliga a las empresas proveedoras de servicios básicos a reponer gratuitamente el suministro en zonas de catástrofe.

La disposición establece un plazo de 24 horas para el agua potable y de 48 horas para electricidad y gas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el requerimiento ante el TC se presentó porque, a juicio del Gobierno, esa disposición no se ajustaba a la idea matriz del proyecto.

“Estamos de acuerdo con resolver este tema”, sostuvo, aunque defendió la necesidad de revisar la fórmula aprobada por el Congreso.

Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, José García, afirmó que el Ejecutivo comparte el objetivo de recuperar rápidamente los servicios, pero cuestionó la viabilidad de los plazos establecidos durante una emergencia.

“Somos los más interesados en reponer los servicios, pero el problema es que los plazos que se disponen son inviables cuando hay una emergencia porque se expone a los trabajadores”, señaló.

Críticas por impacto en clase media y pymes

Durante el debate, senadores de oposición cuestionaron que los vetos terminaran favoreciendo al sistema financiero y a las grandes empresas en desmedro de la clase media y las pequeñas empresas.

En materia de anatocismo, algunos parlamentarios advirtieron que el cobro de intereses sobre intereses puede profundizar el endeudamiento de las familias.

Respecto del olvido financiero, sostuvieron que mantener indefinidamente antecedentes de deudas antiguas dificulta que las personas puedan reinsertarse en el sistema crediticio.

También hubo fuertes críticas a la eliminación de las restricciones a los plazos de pago, bajo el argumento de que la asimetría entre grandes compradores y pequeñas empresas puede traducirse en problemas de liquidez y eventualmente en pérdida de empleos.

Un sector del Senado calificó los vetos como “anticiudadanos” y pidió al Ejecutivo reconsiderar su posición.

Gobierno y oficialismo defienden efectos económicos

Desde la otra vereda, senadores que respaldaron las observaciones del Ejecutivo insistieron en que el Congreso debía evaluar las consecuencias prácticas de las normas y no solo sus objetivos.

Entre los argumentos planteados estuvo que restringir excesivamente el anatocismo podría afectar también productos de ahorro y fondos previsionales, mientras que un “olvido financiero” más amplio podría dificultar la evaluación del riesgo y terminar restringiendo el acceso al crédito.

También se mencionaron antecedentes entregados por el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero, que habrían advertido sobre posibles efectos adversos de las normas originales.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, explicó que durante el análisis se revisaron los eventuales impactos de las tres disposiciones y reconoció que la comisión había recomendado aprobar el veto relacionado con el anatocismo y rechazar los otros dos.

Finalmente, sin embargo, la Sala respaldó las tres observaciones del Ejecutivo.

Con esta votación, el Congreso dio por terminada la tramitación de uno de los proyectos económicos y de reconstrucción más extensos de los últimos meses, aunque parte de su contenido todavía deberá enfrentar la revisión del Tribunal Constitucional.