Reconstrucción en El Olivar: presentan querella contra Poduje por fraude al fisco y otros delitos

La entidad patrocinante Social Arquitectura (SARQ) presentó una querella contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, por presuntos delitos —entre ellos, fraude al fisco— en el marco del proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar.

La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de la ciudad y también apunta al seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, y al director (s) del Serviu regional, Rodrigo Muñoz. La querella se origina a partir de la paralización de obras de reconstrucción ordenada por el ministro, tras detectarse supuestas irregularidades en su ejecución.

Según el libelo, las autoridades “habrían utilizado sus cargos para ejecutar una decisión previamente adoptada: excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción destinados a 356 familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024”.

Asimismo, se sostiene que estas decisiones se materializaron mediante resoluciones administrativas “carentes de fundamento legal”, acompañadas de presuntas presiones a funcionarios públicos y la generación de antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos vigentes, así como la posterior demolición de viviendas.

La abogada de SARQ, Erika Maira, afirmó que el secretario de Estado “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos en ejecución y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.

“Esperamos que, a través de una investigación objetiva e independiente, el Ministerio Público pueda esclarecer estos hechos, que incluirían presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a las familias damnificadas y una demolición innecesaria, configurando un eventual fraude al Fisco”, agregó.

Entre los antecedentes expuestos en la querella, se señala que Poduje habría ordenado la paralización total de las obras pese a que los informes técnicos disponibles solo advertían observaciones subsanables en parte de las viviendas.

Además, se denuncian presuntas presiones a Inspectores Técnicos de Obra del Serviu para la elaboración de informes que reportaran “graves fallas constructivas” inexistentes, con el fin de respaldar la decisión ministerial y que los vecinos finalizaran sus contratos con SARQ y San Sebastián.

“El ministro Poduje, bajo un discurso de emergencia, alteró la normalidad de un contrato que se ejecutaba bajo fiscalización del Serviu y conforme a los procedimientos legales. Como autoridad, no estaba facultado para interrumpirlo e imponer su decisión al margen de fundamentos técnicos, de la transparencia y de la legalidad”, concluyó la abogada Maira.