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Qué implica el acuerdo entre Gobierno y OpenAI: capacitación de funcionarios y sin compromisos de inversión

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, firmó un memorándum de entendimiento con OpenAI para establecer el programa “OpenAI for Chile”, una iniciativa que busca impulsar la adopción de inteligencia artificial en la administración pública, fortalecer las capacidades de los funcionarios y apoyar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos nacionales.

El documento, revelado por Radio Bío Bío, establece un marco de cooperación entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI OpCo, LLC, con el propósito de explorar aplicaciones de esta tecnología en distintas áreas del sector público. Sin embargo, uno de sus aspectos centrales es que se trata de un memorándum no vinculante, por lo que no establece obligaciones de compra ni compromisos de inversión para el Estado.

La firma se realizó en el marco de la conferencia Silicon Valley & The World de Semafor, en California, y forma parte de la iniciativa global OpenAI for Countries, mediante la cual la compañía busca colaborar con gobiernos para incorporar inteligencia artificial en sus prioridades nacionales.

¿Qué contempla el memorándum?

El acuerdo identifica tres principales ámbitos de cooperación. El primero corresponde a la infraestructura tecnológica y los procesos administrativos del Ministerio de Ciencia. En ese punto, las partes manifiestan su intención de explorar la adopción de nuevas herramientas y modelos de inteligencia artificial, junto con asesoría y capacitación para los funcionarios de la cartera.

Entre las tecnologías que podrían considerarse figuran ChatGPT Work, Codex, ChatGPT Edu y los modelos avanzados de OpenAI, además de capacidades vinculadas a ciberseguridad y salud. No obstante, el texto establece que su disponibilidad, acceso y condiciones de implementación deberán acordarse para cada actividad, mediante instrumentos contractuales posteriores.

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El segundo eje apunta a la capacitación de funcionarios públicos. Para ello, se propone desarrollar iniciativas de alfabetización digital, formación y reconversión de habilidades, adaptadas a las funciones de cada trabajador del Estado.

Las actividades podrían incluir talleres, capacitación especializada y un modelo de formación de formadores. Entre los contenidos se consideran el uso eficaz de herramientas de IA, la verificación de sus resultados, la protección de información sensible y la mantención de supervisión humana en los procesos.

El tercer ámbito busca respaldar el ecosistema nacional de startups e innovación. En ese sentido, las partes explorarán alternativas para facilitar el acceso a programas y tecnologías de OpenAI, orientación técnica, mentorías y conexiones entre emprendimientos, instituciones públicas, universidades y otros actores locales.

La intención es que estas herramientas contribuyan al desarrollo económico del país y a la creación de soluciones vinculadas con las prioridades de los servicios públicos.

No contempla inversión ni acceso automático a datos del Estado

Uno de los puntos más relevantes del memorándum es que no establece una inversión total, compras mínimas ni una asignación garantizada de recursos. Tampoco constituye una adjudicación de servicios públicos, un acuerdo de exclusividad ni una obligación para que alguna de las partes suscriba contratos posteriores.

El texto precisa que cualquier contratación de servicios, licencias, consumo de API, capacitación o asistencia técnica deberá quedar regulada mediante acuerdos definitivos independientes. Estos instrumentos deberán especificar, entre otros aspectos, las entidades contratantes, los usuarios autorizados, el alcance de los servicios, sus precios y las obligaciones de pago.

Asimismo, el memorándum señala expresamente que no existe un compromiso de instalar infraestructura de OpenAI en territorio chileno.

En materia de seguridad, el documento plantea que las actividades deberán contemplar mecanismos de protección de datos personales, privacidad, seguridad de la información y supervisión humana, con controles y evaluaciones definidos antes de cada implementación.

En esa misma línea, el Ministerio de Ciencia aclaró a Radio Bío Bío que el memorándum no entrega a OpenAI acceso a los sistemas ni a las bases de datos del Estado, tampoco a información personal de la ciudadanía.

La cartera agregó que la capacitación de funcionarios, considerada la prioridad del acuerdo, se realizará utilizando datos abiertos y sintéticos, sin recurrir a información personal ni a bases de datos confidenciales. Cualquier otro proyecto, sostuvo, deberá ser evaluado individualmente y contar con condiciones de seguridad y privacidad antes de su implementación.

Grupo de trabajo conjunto y cuestionamientos de Yeomans

El memorándum también contempla la conformación de un grupo de trabajo conjunto, integrado por representantes del Ministerio de Ciencia y OpenAI, al que podrán sumarse otras entidades en las distintas áreas de colaboración.

La instancia tendría reuniones mensuales durante la fase inicial para revisar prioridades, planes de trabajo, capacitación, riesgos y eventuales ampliaciones del programa. También se espera que elabore una planificación inicial con los organismos participantes, los casos de uso, responsables, plazos e indicadores para evaluar los resultados.

Sin embargo, el documento establece que este grupo no tendrá facultades para modificar contratos, comprometer financiamiento ni aprobar el acceso a productos en representación de las partes.

La firma del memorándum generó cuestionamientos desde el Frente Amplio. La diputada y presidenta de la colectividad, Gael Yeomans, ofició a la ministra Ximena Lincolao y a la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, para solicitar la entrega de una copia íntegra del acuerdo y sus anexos, además de información sobre los compromisos asumidos por el Estado y el procedimiento utilizado para elegir a la compañía.

“El Gobierno firmó un acuerdo con OpenAI y todavía no ha explicado qué va a pasar con los datos de las chilenas y los chilenos. Usar inteligencia artificial para atender mejor a las personas puede ser un avance, y justamente por eso tiene que hacerse con reglas claras y no con acuerdos inconsultos. Queremos conocer el acuerdo completo, a qué se comprometió el Estado y si OpenAI va a tener acceso a nuestros datos y con qué fines”, sostuvo la parlamentaria.

Yeomans también cuestionó la participación de la compañía en el grupo de trabajo que definirá prioridades y casos de uso para la administración pública. A su juicio, esto podría permitir que un proveedor participe en el levantamiento de las necesidades del Estado antes de que exista una eventual licitación.

Además, pidió aclarar si el memorándum tiene alguna relación con los $412 millones que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla para un nuevo programa de acceso a cómputo para inteligencia artificial, en un contexto en que el Gobierno propone una reducción de 6,4% en los recursos de la cartera de Ciencia.

Esta noticia aparece primero en: El Periodista

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