PS exige revisar embargos por deudas del CAE tras denuncias de vaciamiento de cuentas bancarias

La polémica por los cobros de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) escaló este fin de semana luego que el Partido Socialista (PS) solicitara al Gobierno revisar las medidas ejecutadas por la Tesorería General de la República (TGR), tras denuncias de deudores que aseguran haber sufrido el vaciamiento total de sus cuentas bancarias.

La controversia surgió luego de que la TGR activara, desde el pasado 4 de junio, un proceso de cobranza contra personas que mantienen deudas morosas vinculadas al CAE. La medida contempla diversas acciones de recuperación de recursos, incluyendo eventuales embargos de bienes raíces en aquellos casos donde no se haya regularizado la situación tras las etapas de notificación y cobranza.

Sin embargo, en los últimos días diversos usuarios denunciaron en redes sociales que se les retuvieron la totalidad de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias, incluso después de recibir sus remuneraciones mensuales.

A través de una declaración pública, el Partido Socialista expresó su rechazo a la forma en que se están ejecutando estas acciones.

“El Partido Socialista de Chile expresa su preocupación y rechazo frente a las recientes acciones impulsadas por la Tesorería General de la República para el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado, las que han significado incluso el vaciamiento de cuentas bancarias de deudores y deudoras inmediatamente después de recibir sus remuneraciones”, señaló la colectividad.

El PS sostuvo que, si bien las obligaciones financieras deben cumplirse, las políticas de cobranza estatal no pueden poner en riesgo las condiciones mínimas de subsistencia de las personas.

“Ninguna política de cobranza del Estado puede desentenderse de principios elementales de dignidad, proporcionalidad y justicia social”, afirmó el partido.

La colectividad también cuestionó la diferencia de trato que, a su juicio, existe entre los deudores del CAE y otros casos relacionados con delitos económicos de gran escala.

“Resulta especialmente preocupante la severidad con que se actúa contra trabajadores y trabajadoras que enfrentan dificultades económicas, mientras que en otros ámbitos hemos visto resistencia para avanzar en herramientas fundamentales para combatir delitos económicos de gran escala”, indicó el texto.

Asimismo, el PS advirtió que el Estado no debe transformarse en un “agente expropiatorio” que profundice la precariedad económica de quienes enfrentan dificultades financieras.

Por ello, el partido hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes para revisar los procedimientos aplicados, resguardar los ingresos indispensables para la vida familiar y avanzar hacia soluciones definitivas para quienes mantienen deudas asociadas al CAE, en concordancia con la legislación vigente y los criterios establecidos por la Corte Suprema respecto de este tipo de actuaciones.

La controversia ya había generado reacciones en el Congreso, donde parlamentarios del Frente Amplio solicitaron antecedentes a la Tesorería General de la República para esclarecer las denuncias sobre embargos que habrían afectado la totalidad de los fondos disponibles en cuentas bancarias de algunos deudores.