Kast enfrenta resistencia a su reforma de seguridad: UDI pone condiciones y Parisi niega apoyo del PDG

La reforma constitucional en materia de seguridad que prepara el Gobierno del Presidente José Antonio Kast comenzó a enfrentar resistencias antes incluso de su ingreso formal al Congreso.

El Ejecutivo trabaja en un borrador que contempla modificaciones a entre 10 y 12 artículos de la Constitución, con el objetivo de entregar mayor sustento jurídico a medidas vinculadas con el combate al crimen organizado, el régimen penitenciario de condenados por delitos graves y otras herramientas de seguridad.

Sin embargo, las primeras señales desde el oficialismo muestran que su tramitación podría ser compleja.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que, con los antecedentes conocidos hasta ahora, su partido no está en condiciones de apoyar la reforma.

“En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, afirmó.

Ramírez cuestionó especialmente la idea de incorporar en la Carta Fundamental disposiciones que, a su juicio, corresponden más bien al ámbito legal, como regímenes penitenciarios diferenciados para integrantes del crimen organizado.

El dirigente gremialista advirtió que establecer excepciones de ese tipo directamente en la Constitución podría abrir un precedente para que futuros gobiernos hagan lo mismo con otras materias.

Aunque señaló compartir el objetivo de fondo de endurecer las herramientas contra el crimen organizado, sostuvo que esas normas deberían tramitarse mediante leyes y defenderse posteriormente ante el Tribunal Constitucional si fueran impugnadas.

Las diferencias también se han expresado dentro de la propia UDI. Mientras algunos parlamentarios han respaldado los reparos de Ramírez, otros, como el senador Iván Moreira, han planteado que no corresponde anticipar un rechazo antes de conocer el texto definitivo.

Parisi cierra la puerta al PDG

A las dudas dentro del oficialismo se sumó el rechazo del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien descartó que la colectividad apoye la reforma constitucional planteada por La Moneda.

Parisi sostuvo que para implementar parte del denominado Plan Cancerbero no sería necesario modificar la Constitución y planteó que algunos de los cambios podrían realizarse mediante modificaciones reglamentarias, entre ellas al Decreto Supremo 518, que regula los establecimientos penitenciarios.

El excandidato presidencial fue además más allá de la discusión técnica y cuestionó directamente la conducción política de Kast, acusándolo de falta de liderazgo.

El rechazo del PDG complica las posibilidades del Ejecutivo de reunir los quórums necesarios para modificar la Constitución, especialmente considerando que la propuesta ya enfrenta reparos desde sectores de la oposición y dudas dentro de la propia coalición de Gobierno.

La iniciativa surgió luego de que el Tribunal Constitucional rechazara en junio varios artículos del proyecto de Escuelas Protegidas, fallo que llevó al Gobierno a concluir que algunas de sus principales herramientas de seguridad requerían un respaldo constitucional más sólido.

Entre las materias en análisis figuran restricciones y consecuencias especiales para condenados por delitos graves, mecanismos excepcionales para territorios fuertemente afectados por el narcotráfico y disposiciones destinadas a evitar nuevos cuestionamientos de constitucionalidad.

La discusión recién comienza, pero el escenario anticipa una negociación difícil para La Moneda: Kast deberá convencer no solo a sectores de oposición, sino también a integrantes de su propia base política y a partidos como el PDG si quiere reunir los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional de seguridad.