Posible AC y pedidos de renuncia: oposición arremete contra Rabat por rebajas de condena a abusadores

La situación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se ha vuelto compleja en medio de la polémica por las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Ante estos hechos, distintos sectores de la oposición han impulsado acciones para revertir los beneficios y establecer eventuales responsabilidades, mientras que algunos parlamentarios evalúan presentar una acusación constitucional en su contra.

El Partido Socialista (PS), por ejemplo, solicitó la anulación de los decretos que otorgaron las rebajas y recordó que Rabat “fue abogado defensor de Augusto Pinochet”.

“El Gobierno prometió que los niños estarían primero y que no habría beneficios para condenados por delitos graves. Hoy esas promesas quedan profundamente cuestionadas por decisiones que pueden abrir espacios de impunidad”, acusó la colectividad mediante una declaración pública.

Asimismo, el PS exigió transparentar los antecedentes que fundamentaron las resoluciones y determinar las eventuales responsabilidades políticas y administrativas.

Acusación constitucional contra Rabat

El diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció que sus equipos jurídicos se encuentran analizando una acusación constitucional contra el ministro, debido a posibles infracciones legales en el otorgamiento de los beneficios.

“Estamos estudiando una acusación constitucional porque los antecedentes son graves. Hay indicios que apuntan a que se dejaron sin aplicación prohibiciones legales al conceder estos beneficios. Eso compromete la responsabilidad constitucional del ministro Rabat y es lo que están examinando nuestros equipos jurídicos”, sostuvo.

El parlamentario agregó que el titular de Justicia tiene la obligación de cumplir la ley y advirtió que “las prohibiciones para conceder estos beneficios deben aplicarse cuando corresponden. Dejarlas sin ejecución es una causal expresamente contemplada en la Constitución para acusar a un ministro”.

Desde la Democracia Cristiana (DC), el jefe de bancada, Jorge Díaz, también advirtió sobre la posibilidad de presentar una acusación constitucional. Una postura similar manifestó el diputado Héctor Barría, quien señaló que no se descartará ninguna acción, “desde una acusación constitucional y por supuesto hasta leyes que eviten que este Gobierno y cualquier otro” adopte decisiones de este tipo.

En tanto, el diputado José Montalva (PPD) afirmó que, a su juicio, la acusación constitucional sería la principal alternativa, aunque instó al ministro a revertir las resoluciones si existe esa posibilidad.

“Hay que ser muy claro: creo que aquí no hay otra alternativa que una acusación constitucional, pero si hay espacio para que el ministro pueda hoy revocar esas decisiones administrativas, que lo haga ya”, planteó.

Frente Amplio exige la renuncia y PC recurre a Contraloría

El Frente Amplio (FA) fue más allá y exigió la renuncia de Rabat, junto con la transparencia de los decretos y una explicación sobre el cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia.

“Como Frente Amplio exigimos la renuncia del ministro Fernando Rabat; y no seremos cómplices de la crueldad que este Gobierno busca normalizar”, señaló la colectividad en una declaración pública.

Además, solicitó retomar el criterio de rechazar este tipo de peticiones, transparentar los 56 decretos, esclarecer quién modificó la postura del ministerio y por qué, y dar discusión inmediata a los proyectos de ley que buscan cerrar esta posibilidad.

Por su parte, la diputada Sofía González (PC) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República (CGR) para que revise la legalidad de las actuaciones administrativas que permitieron conceder las rebajas.

La parlamentaria pidió examinar “la legalidad de las actuaciones administrativas ordenadas por el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que permitieron, vía decreto, rebajar la condena a 56 delincuentes condenados por abuso sexual o violación en contra de niños, niñas o adolescentes”.