Oposición insiste en acusación contra Rabat tras salida de subsecretario de Justicia
La salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, no consiguió desactivar la ofensiva de la oposición contra el Gobierno del presidente José Antonio Kast por la polémica relacionada con 56 rebajas de condenas. Los partidos opositores anunciaron que continuarán impulsando una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a quien atribuyen la principal responsabilidad política por las decisiones adoptadas.
La controversia se intensificó luego de que Silva dejara su cargo en medio de cuestionamientos por la publicación de un video en sus redes sociales sin autorización del Ejecutivo. Para los dirigentes opositores, la decisión de La Moneda respondió a ese episodio comunicacional y no al fondo de las críticas dirigidas al Ministerio de Justicia.
Las bancadas comenzaron a compartir un borrador de la acusación constitucional contra Rabat, buscando reunir los apoyos necesarios para presentar el libelo ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
Acusan al Gobierno de cortar por el hilo más delgado
El presidente del PPD, Raúl Soto, y su par de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, cuestionaron la decisión del Ejecutivo de remover al subsecretario mientras mantiene en su cargo al ministro.
Ambos dirigentes sostienen que el Gobierno cortó por el hilo más delgado y que Rabat debe responder políticamente por las rebajas de condenas que originaron la controversia.
La oposición considera que la salida de Silva no resuelve las interrogantes sobre los procedimientos utilizados para tramitar las solicitudes ni sobre las responsabilidades de las autoridades superiores del Ministerio de Justicia.
Los cuestionamientos también apuntan directamente al presidente Kast, a quien reprochan haber concentrado su respuesta en la actuación pública del exsubsecretario sin adoptar medidas equivalentes respecto del titular de la cartera.
Frente Amplio cuestiona continuidad de Rabat
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, se sumó a las críticas y cuestionó la decisión presidencial de mantener a Fernando Rabat en el gabinete.
Según la dirigenta, el mandatario estaría privilegiando su cercanía con el ministro por sobre la necesidad de establecer responsabilidades políticas frente a la controversia.
En la oposición estiman que existen condiciones para avanzar con la acusación constitucional, aunque su eventual aprobación dependerá de los apoyos que consiga en el Congreso.
Dirigentes opositores sostienen, además, que los cuestionamientos al manejo gubernamental del caso no se limitan a sus propias bancadas y que también existiría preocupación en sectores del oficialismo.
Gobierno defiende permanencia del ministro
Desde La Moneda, el biministro Claudio Alvarado respaldó la continuidad de Rabat y sostuvo que el titular de Justicia debe contribuir a resolver la situación.
La autoridad afirmó que el ministro tiene la misión de “ser parte de la solución”, descartando así, por ahora, que su salida sea la respuesta del Ejecutivo a la controversia.
Respecto de Luis Silva, Alvarado explicó que la publicación del video que precipitó su salida generó incomodidad dentro del Gobierno y no se ajustaba a la unidad de propósitos que debe mantener el equipo ministerial.
Tras la desvinculación del exsubsecretario, el Ejecutivo designó a la abogada Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia.
Acusación constitucional mantiene abierto el conflicto
La ofensiva opositora abre un nuevo capítulo en la controversia por las rebajas de condenas, que ya había provocado cuestionamientos en el Congreso sobre los procedimientos y criterios aplicados por el Ministerio de Justicia.
La acusación constitucional es un mecanismo de fiscalización establecido en la Constitución que permite a la Cámara de Diputadas y Diputados formular cargos contra determinadas autoridades por causales específicas. En el caso de los ministros de Estado, corresponde posteriormente al Senado resolver sobre la acusación si esta es aprobada por la Cámara.
Por ahora, la oposición se encuentra en la etapa de preparación del documento y búsqueda de respaldos parlamentarios.
La continuidad de Fernando Rabat en el gabinete y el avance de la eventual acusación constitucional mantendrán abierto el conflicto entre el Ejecutivo y los partidos opositores durante los próximos días.
La controversia suma además una investigación penal por presunta prevaricación administrativa, iniciada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tras una denuncia de los diputados Luis Cuello y Juan Santana. Esta indagatoria es independiente de la eventual acusación constitucional y no supone que se haya establecido responsabilidad penal de las autoridades involucradas.
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