Oposición endurece postura contra ministro Rabat por rebajas de condenas: “Dejó de ser un interlocutor válido”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se ha convertido en una de las principales complicaciones para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Desde que se hicieron públicos los decretos que otorgaron rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y condenados por delitos de lesa humanidad, tanto la oposición como sectores del oficialismo han cuestionado su continuidad en el cargo.

En medio de las críticas, representantes de la oposición llegaron ayer hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Mandatario, en la que reiteraron su petición de salida de Rabat y exigieron transparentar los antecedentes que permitieron conceder los beneficios.

En la misiva, el sector manifestó sus reparos frente a la postura del Ejecutivo en defensa del titular de Justicia y sostuvo que el secretario de Estado perdió el respaldo necesario para continuar ejerciendo sus funciones.

“Reconocer el error no basta. Estar a la altura exige reparar el daño provocado, hacer valer las responsabilidades políticas que correspondan y transparentar ante la ciudadanía todos los antecedentes. Por ello reiteramos nuestra exigencia de que solicite la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, dada la gravedad de su error. El ministro ya no es interlocutor válido para el país y, por lo mismo, tampoco para nosotros como autoridades”, señalaron.

La postura también fue reafirmada este martes por el presidente del PPD, Raúl Soto, quien en conversación con CNN Chile apuntó a un “quiebre de confianza” con el ministro.

“Para nosotros el ministro Fernando Rabat deja de ser un interlocutor válido para buscar acuerdos, para conversar de las distintas iniciativas del Gobierno. Se rompieron las confianzas, no hay posibilidad hoy día de interlocutar de la misma manera como se hacía antes”, sostuvo.

El parlamentario, además, confirmó que la acusación constitucional contra el secretario de Estado sigue en curso, aunque evitó adelantar una fecha para su presentación. “La acusación constitucional va y se va a presentar cuando esté jurídicamente concluida, terminada, ni antes ni después”, explicó.

Soto aseguró que cuentan con los votos suficientes para aprobar el libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Incluso, afirmó que el sector ha sostenido conversaciones con parlamentarios oficialistas que manifestaron su disposición a respaldar la iniciativa.

En esa línea, advirtió que la permanencia de Rabat podría convertirse en un obstáculo para la agenda legislativa del Ejecutivo, incluida  la discusión presupuestaria. “Va a ser un escollo, va a ser un problema en la Ley de Presupuestos y en cualquier otra tramitación”, concluyó.