Nuevas revelaciones: Justicia rebajó penas a narcos vinculados al tráfico de una tonelada de droga

Los antecedentes amplían la controversia que enfrenta el ministro Fernando Rabat, luego de conocerse las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Según Interferencia, de 150 decretos de reducción de penas a extranjeros que examinó, 115 beneficiaron a condenados por delitos relacionados con drogas. Se trata de una muestra de un universo mayor de decretos dictados durante 2026.

La investigación sostiene que el Ministerio de Justicia no formuló oposición en ninguno de los casos revisados.

Una tonelada de droga y una rebaja de tres meses

Uno de los antecedentes más llamativos corresponde al ciudadano boliviano Jhoel Ramos Antesana, condenado por su participación en una operación de narcotráfico detectada en julio de 2021 en la región de Tarapacá.

Ramos viajaba en una camioneta que cumplía funciones de avanzada, conocida como punta de lanza, para un cargamento compuesto por 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.

En total, la operación involucraba más de 1.090 kilos de drogas.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique estableció que el traslado se realizaba mediante tres vehículos coordinados por radio y destacó el nivel de planificación de la organización.

El cargamento fue valorado judicialmente en más de mil millones de pesos.

Ramos recibió una condena de cinco años y un día de presidio. Sin embargo, el 12 de mayo de 2026, el Ministerio de Justicia redujo su pena en tres meses, estableciendo el término de la condena para dos días después.

El caso resulta especialmente controvertido porque, durante el proceso judicial, la Delegación Presidencial de Tarapacá había emitido un informe desfavorable sobre su eventual expulsión como pena sustitutiva.

Libertad condicional rechazada por unanimidad

Otro de los casos documentados corresponde al colombiano Fredy Orlas Heredia, detenido en septiembre de 2021 durante un control policial en La Negra, a la salida de Antofagasta.

En el vehículo donde viajaba se encontraron 52 kilos de pasta base de cocaína.

Orlas fue condenado en noviembre de 2022 a cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas.

Posteriormente, un informe de Gendarmería de abril de 2024 lo clasificó con un nivel alto de riesgo de reincidencia y no recomendó concederle una pena mixta.

En 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó por unanimidad su solicitud de salida anticipada, argumentando que no había demostrado avances suficientes en su proceso de reinserción social.

Pese a esos antecedentes, el 1 de junio de 2026 el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, actuando como ministro subrogante, firmó un decreto que redujo su condena en seis meses.

La investigación pone así de relieve una diferencia entre las evaluaciones penitenciarias desfavorables y la posterior aplicación del mecanismo administrativo de reducción de condenas.

Ketamina, armas y una granada

Interferencia también identificó el caso del venezolano José Luis Liscano Bermúdez, detenido en octubre de 2021 cuando se desplazaba desde Colchane junto a Víctor Mora Araya.

En el procedimiento policial se incautaron 32,7 kilos de ketamina, dos pistolas y una granada de uso militar.

No obstante, ambos fueron absueltos de los cargos vinculados a las armas y al explosivo debido a deficiencias en la acusación y en los peritajes correspondientes.

Liscano fue condenado a cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas.

En 2024 y 2025 se le rechazaron solicitudes para acceder a una pena mixta.

El 10 de abril de 2026, el ministro Fernando Rabat firmó el decreto que modificó la fecha de término de su condena.

Mora Araya también recibió una reducción de pena mediante un decreto firmado por el secretario de Estado.

De acuerdo con el reportaje, ambos se encuentran actualmente en libertad.

Rebajas de hasta once meses

Entre los 13 casos vinculados a la frontera norte identificados por Interferencia figuran ocho ciudadanos bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina.

En cinco de ellos, las sentencias acreditaron ingresos a Chile mediante pasos no habilitados.

Uno de los beneficiados fue Wilber Tenajas Orellana, integrante de un grupo detenido en noviembre de 2022 cuando transportaba 291,5 kilos de marihuana por el sector de Quebrada Chica, cerca del paso fronterizo de Jama.

Tenajas había sido condenado a cuatro años y cinco meses de presidio y posteriormente se le rechazó una solicitud de pena mixta.

Sin embargo, el 7 de septiembre de 2026, Luis Silva firmó un decreto que le redujo siete meses de condena, adelantando su término desde abril de 2027 a septiembre de 2026.

La investigación también menciona a dos ciudadanas bolivianas detenidas en Colchane con 25 kilos de marihuana, una de las cuales recibió una reducción que adelantó el término de su pena en once meses.

Una ciudadana venezolana detenida en un procedimiento fronterizo obtuvo una rebaja de igual duración.

La denominada «doctrina Rabat»

El elemento común de los decretos examinados es el criterio jurídico utilizado por el Ministerio de Justicia para justificar las reducciones de condena.

Según Interferencia, los documentos repiten una argumentación sustentada en decisiones judiciales anteriores, conforme a la cual el ministerio no estaría facultado para rechazar una reducción de pena únicamente por la gravedad del delito cometido.

Este razonamiento, denominado públicamente «doctrina Rabat», también fue utilizado en los casos de condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que originaron la actual controversia política.

La aplicación de este criterio ha abierto una discusión sobre las facultades del Ministerio de Justicia, la evaluación de los antecedentes penitenciarios y los mecanismos de control de los beneficios contemplados en la legislación.

Es importante distinguir que las rebajas de condena investigadas corresponden a un procedimiento legal de reducción de penas y no necesariamente a indultos presidenciales.

La controversia se concentra en la interpretación de las normas, los antecedentes considerados y el margen de decisión de las autoridades.

Crece la presión sobre el ministro de Justicia

Las nuevas revelaciones aparecen cuando el Gobierno mantiene su respaldo al ministro Fernando Rabat, pese a las críticas por las reducciones de condenas otorgadas durante su gestión.

La polémica ya había provocado la salida del subsecretario Luis Silva y motivado gestiones de sectores de oposición para impulsar una acusación constitucional contra el titular de Justicia.

El caso también adquirió una dimensión especialmente sensible después de que se conocieran 56 reducciones de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Ahora, la aparición de nuevos antecedentes relacionados con narcotráfico amplía el alcance político de la controversia.

La investigación de Interferencia plantea interrogantes sobre los controles administrativos aplicados antes de firmar los decretos y sobre la posibilidad de considerar antecedentes como el riesgo de reincidencia, el rechazo de la libertad condicional o la participación en organizaciones criminales.

No obstante, esos antecedentes no permiten establecer por sí solos que las reducciones hayan sido ilegales. Determinarlo requiere examinar los requisitos específicos de cada beneficio, las resoluciones correspondientes y la interpretación jurídica aplicable.

Con las nuevas revelaciones, el debate sobre las rebajas de condenas deja de estar circunscrito a los delitos sexuales y se extiende al narcotráfico, uno de los principales desafíos de seguridad pública que enfrenta Chile.