Kast firma proyecto que incorpora consumo de droga como cesación de cargo a autoridades

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de cesación de cargo de autoridades en el caso de consumo de drogas y sustancias psicotrópicas ilícitas.

El biministro del Interior y Segegob, explicó que la iniciativa busca “ordenar, en las leyes respectivas, las formas y los procedimientos de tal manera que esto sea un proceso científico que de certezas y garantías de justicia”.

Así, recordó que la Ley de Presupuestos establece que tanto los ministros como el Jefe de Estado deben someterse a test de droga de forma semestral, aunque no se define el procedimiento ni se mencionan otras autoridades. Sin embargo, en la Ley de Reajustes, aprobada posteriormente a la de Presupuestos, establece que “todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio” deberán someterse al test de droga una vez asumido el cargo.

“Tenemos dos normas en dos legislaciones. En consecuencia, es necesario tener claridad y bajo el paraguas de la reforma constitucional establecer una nueva causal de cesación de cargo por consumos acreditado de drogas. Bajo ese paraguas, posteriormente uniformar los criterios de la legislación”, afirmó.

“La ciudadanía no puede tener ninguna duda que sus autoridades son libres y no dependientes para tomar decisiones”, sostuvo Alvarado.

Asimismo, indicó que tanto en la Ley de Presupuesto como de Reajustes las disposiciones relacionadas a la materia son de carácter transitorio, por lo que se busca que sea una legislación de carácter permanente.

Por su parte, Kast advirtió que problemáticas como el narcotráfico y el crimen organizado “se ha ido infiltrando en distintas naciones”, por lo que el compromiso de las autoridades frente a dichas problemáticas debe ser “total”.

En esa línea, destacó la labor parlamentaria contra el consumo de droga en autoridades, pero indicó que “por distintas razones o circunstancias”, nunca se llegó a “la normativa final” que establezca los criterios y parámetros exactos para realizar los test.

“En esto no pueden haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto. Y lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo”, manifestó.