Diputados RN proponen impedir que abogados de imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo ingresen a organismos públicos

La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca impedir que abogados que hayan representado a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo puedan incorporarse posteriormente a determinadas instituciones públicas.

Según establece la moción, la inhabilidad se aplicaría a la Administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.

En el caso del Parlamento, la restricción también alcanzaría a determinadas contrataciones y prestaciones a honorarios destinadas al ejercicio regular de asesorías jurídicas, legislativas o profesionales para comités, diputados y senadores.

El proyecto dispone además que los abogados que ya se desempeñen en alguno de estos organismos no podrán asumir este tipo de defensas mientras permanezcan en sus cargos. El incumplimiento podría derivar en la destitución, remoción o término de contrato, dependiendo de la institución y del estatuto aplicable.

Para fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones, el juez competente o el Ministerio Público deberán informar a la Contraloría General de la República la identidad de los profesionales que intervengan como patrocinantes, apoderados o mandatarios en las causas comprendidas por la futura normativa.

Con esos antecedentes, la Contraloría deberá mantener un registro destinado exclusivamente a fiscalizar las nuevas inhabilidades e incompatibilidades. El registro podrá ser consultado por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin afectar la autonomía constitucional de estos organismos.

La propuesta excluye expresamente de estas restricciones a los abogados de la Defensoría Penal Pública, a los prestadores del servicio de defensa penal pública, a los profesionales de las Corporaciones de Asistencia Judicial y al nuevo servicio de Acceso a la Justicia.

La excepción también alcanzaría a los egresados de Derecho que realicen en esas instituciones su práctica profesional gratuita.

De acuerdo con los fundamentos de la moción, estas exclusiones buscan resguardar el derecho constitucional a defensa y evitar que la regulación afecte a quienes intervienen en este tipo de causas en cumplimiento de una función institucional.

La iniciativa amplía la regla actualmente contemplada en el artículo 61 de la Ley de Drogas, que establece restricciones para abogados de la Administración del Estado que pretendan defender simultáneamente a imputados por delitos contemplados en dicha normativa.

El diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad, sostuvo que el objetivo es impedir que el crimen organizado avance hacia las instituciones públicas.

“Debemos cerrar los caminos al crimen organizado que comienza a penetrar los órganos del Estado. No se trata de discriminar, sino de establecer un estándar y un bloqueo a quienes libremente deciden defender a quienes intentan debilitar al Estado”, señaló.

Por su parte, el subjefe de bancada de RN, Eduardo Durán, afirmó que la iniciativa apunta a evitar conflictos de interés y restringir el acceso a funciones sensibles del aparato público.

“Tenemos que ser extremadamente rigurosos cuando se trata de proteger al Estado frente al avance del crimen organizado. Este proyecto busca evitar conflictos de interés y cerrar espacios para que quienes han decidido defender a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo no puedan posteriormente incorporarse a organismos públicos donde podrían tener acceso a información o ejercer funciones especialmente sensibles”, sostuvo.

Durán agregó que “no estamos cuestionando el derecho a defensa; estamos estableciendo estándares de probidad y resguardo institucional para quienes trabajan al servicio del Estado”.

La segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, planteó en tanto que el crimen organizado no solo busca controlar territorios, sino también infiltrarse en las instituciones.

“El crimen organizado no solamente busca controlar territorios, también busca penetrar las instituciones. Por eso creemos que el Estado tiene que anticiparse y establecer barreras claras”, afirmó.

La parlamentaria añadió que “si una persona decide ejercer profesionalmente la defensa de imputados por delitos vinculados al narcotráfico, el terrorismo o la asociación criminal, debe entender que esa decisión puede generar incompatibilidades con el desempeño posterior de determinadas funciones públicas”.

“Lo que estamos haciendo es proteger nuestras instituciones y evitar que el crimen organizado encuentre nuevas vías para infiltrarlas”, concluyó.