Giorgio Jackson acusa uso político de querellas y advierte sobre campañas de desprestigio sin pruebas

El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson cuestionó el uso de denuncias y acciones judiciales como herramientas de confrontación política, luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar en la investigación que lo vinculó indirectamente con el robo de computadores ocurrido en esa cartera en 2023.

En una columna publicada este sábado en La Tercera, titulada “¿Ver para creer?”, Jackson recordó que, hace tres años, 23 diputados de la UDI exigieron al entonces Presidente de la República su salida del gabinete, atribuyéndole participación en un supuesto esquema de defraudación y en la desaparición de equipos desde el ministerio que encabezaba.

Posteriormente, dos diputados del Partido Republicano ampliaron una querella en su contra, situación que le otorgó procesalmente la calidad de imputado. Según sostuvo, aquellas acusaciones instalaron durante semanas la idea de que estaba involucrado en un caso de corrupción y en un eventual montaje destinado a eliminar pruebas.

Jackson afirmó que la presión política contribuyó a su renuncia, en medio de la amenaza de una acusación constitucional y de la advertencia opositora de no avanzar en una reforma previsional mientras permaneciera en el gabinete.

El exsecretario de Estado señaló que, tras tres años de diligencias, el Ministerio Público no encontró fundamentos para solicitar su formalización y resolvió cerrar la causa. Añadió que ningún fiscal, perito, testigo o imputado habría mencionado una participación suya en los hechos investigados.

También reprochó que los querellantes no aportaran nuevos indicios ni solicitaran diligencias orientadas a demostrar su responsabilidad. A su juicio, la cobertura del cierre de la investigación fue considerablemente menor que la difusión inicial de las acusaciones.

En su columna, Jackson relacionó este fenómeno con lo que denominó una “economía de la difamación política”, en la que una denuncia grave se propaga rápidamente porque coincide con prejuicios o estados de ánimo previamente instalados, mientras las rectificaciones posteriores reciben menor atención.

El exministro citó una exposición del neurocientífico Anil Seth sobre el funcionamiento predictivo del cerebro para plantear que las personas suelen interpretar la realidad desde sus propias expectativas. Sin embargo, sostuvo que esa explicación no exime de responsabilidad a quienes impulsan acusaciones sin antecedentes suficientes.

“¿Qué hace una democracia cuando se abusa de los escasos recursos del sistema judicial para hacer campaña política de desprestigio?”, planteó Jackson.

En la parte final del texto, advirtió que la utilización de la desconfianza pública para formular imputaciones sin pruebas puede llevar a considerar culpables a personas inocentes y a transformar a adversarios políticos en enemigos.

Jackson concluyó que el aprendizaje institucional debe ser exigir y recopilar antecedentes antes de acusar, invirtiendo el conocido refrán: primero comprobar los hechos y solo después formar una convicción.