Fiscalía Supraterritorial investiga a exfiscal por presunto lavado de activos y millonarias transferencias

La Fiscalía Supraterritorial investiga a un exfiscal del Ministerio Público por su eventual participación en una organización criminal dedicada al lavado de activos, con operaciones que tendrían alcance nacional y posiblemente transfronterizo.

Según reveló Informe Especial de TVN, la investigación alcanza además a por lo menos dos empresarios, uno de ellos extranjero, y se originó tras detectarse depósitos en efectivo por $5.790 millones asociados a personas consideradas de interés para la causa.

A partir de esos antecedentes, la Fiscalía solicitó a un tribunal de garantía el alzamiento del secreto bancario de los involucrados y requirió información relativa a 30 personas jurídicas, entre ellas sociedades vinculadas a abogados que anteriormente se desempeñaron en el Ministerio Público.

Más de $4.000 millones en transferencias cruzadas

De acuerdo con los antecedentes obtenidos por TVN, las sociedades investigadas habrían realizado transferencias cruzadas por más de $4.000 millones, operaciones que despertaron sospechas sobre un eventual mecanismo destinado a dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

La hipótesis investigativa apunta a un esquema que contemplaría la captación de dinero, su ingreso al sistema financiero y posteriormente su triangulación mediante empresas relacionadas con el negocio cambiario.

Después de esas operaciones, los recursos habrían sido eventualmente reinvertidos e incorporados nuevamente al sistema bancario, completando así distintas etapas características de un eventual proceso de lavado de activos.

Exfiscal aparece como socio de empresa clave

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el rol atribuido al exfiscal. Su identidad se mantiene en reserva.

Según Informe Especial, el abogado aparece como socio de la principal empresa bajo investigación, considerada una pieza central dentro de la presunta estructura criminal organizada.

En esa misma sociedad figura otro sujeto de interés para una importante entidad fiscalizadora internacional.

La causa adquiere además una dimensión inédita para la nueva institucionalidad persecutora.

Desde la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial, a mediados de 2026 y encabezada por Miguel Ángel Orellana, esta sería la primera investigación por crimen organizado en la que un abogado es indagado por una posible participación directa en una estructura delictiva.

El límite del secreto profesional

El caso también abre una discusión sobre el tratamiento que reciben los abogados dentro del sistema de prevención del lavado de activos.

Los profesionales jurídicos están protegidos en determinadas circunstancias por el secreto profesional respecto de la información recibida en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, en la investigación revelada por TVN, la Fiscalía estaría considerando que esa protección no resulta aplicable al exfiscal, debido a que su participación no sería únicamente como abogado o asesor, sino también como propietario o socio de empresas involucradas en las operaciones investigadas.

Esa diferencia podría resultar decisiva al momento de determinar el acceso a documentación financiera y societaria.

Abogados no están obligados a reportar operaciones sospechosas

Actualmente, los abogados no forman parte en Chile de los denominados sujetos obligados a informar operaciones sospechosas relacionadas con lavado de activos.

El sistema contempla actualmente 55 sectores que deben reportar este tipo de movimientos, incluyendo actores privados y organismos estatales.

Distintos organismos internacionales han recomendado ampliar esa obligación a determinadas actividades desarrolladas por abogados, especialmente cuando intervienen en la creación de sociedades, administración de recursos, compraventa de activos o estructuras financieras susceptibles de ser utilizadas para ocultar el origen del dinero.

La causa que hoy lleva adelante la Fiscalía Supraterritorial podría volver a instalar ese debate.

Por ahora, la investigación se encuentra en desarrollo y no existe una sentencia que establezca responsabilidad penal de las personas indagadas.

Pero las cifras reveladas por TVN —$5.790 millones en depósitos en efectivo y más de $4.000 millones en transferencias entre sociedades— explican por qué la Fiscalía decidió seguir la ruta del dinero y solicitar acceso a antecedentes bancarios y empresariales que podrían determinar si se está frente a una de las primeras grandes causas de crimen organizado abordadas por la nueva Fiscalía Supraterritorial.