Fiscalía pide más de 642 años de cárcel para 22 acusados en caso “Casa de Muñecas” en Antofagasta

La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó acusación contra 22 integrantes de una presunta organización criminal transnacional detenidos en agosto de 2025, en el marco de la operación “Casa de Muñecas”, por delitos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual y el lavado de activos.

El Ministerio Público, liderado por el fiscal regional Juan Castro Bekios, solicita penas que en conjunto superan los 642 años de cárcel, con condenas individuales que van de los 17 a los 47 años de presidio. Además, pide multas por 7.730 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y el comiso de los bienes incautados durante la investigación.

Según la acusación, los imputados habrían integrado cuatro clanes familiares que mantenían en funcionamiento tres prostíbulos clandestinos y un establecimiento con patente comercial de café. Cada grupo habría cumplido funciones específicas dentro de la estructura, entre ellas la captación, el traslado, la recepción y el control de las víctimas, además de labores de administración, financiamiento y utilización de testaferros.

La investigación estableció que las víctimas eran mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas una menor de edad. Algunas habrían sido captadas en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales, mientras que otras habrían sido reclutadas en la propia ciudad de Antofagasta.

Los acusados enfrentan cargos por asociación criminal para cometer trata de personas, trata con fines de explotación sexual, promoción o facilitación de la entrada o salida del país para ejercer la prostitución, asociación para cometer lavado de activos y lavado de activos. En uno de los casos, también se imputa tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Seguimiento del dinero y bienes de la organización

Uno de los ejes centrales de la acusación es la reconstrucción del patrimonio que habría generado la explotación sexual y los mecanismos utilizados para introducir esas ganancias en la economía formal.

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, la organización habría utilizado comercios de fachada, personas que prestaban sus cuentas bancarias, titulares aparentes de bienes e inversiones en vehículos, fondos mutuos e inmuebles que no guardarían relación con los ingresos declarados.

En uno de los análisis financieros se identificaron más de 2.800 transferencias de bajo monto, un patrón que, según el Ministerio Público, habría buscado eludir los controles del sistema financiero. Además, uno de los clanes presuntamente otorgaba préstamos usurarios bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Al referirse al caso, el fiscal regional Juan Castro Bekios destacó la importancia de perseguir los recursos económicos de las organizaciones criminales.

El persecutor agregó que seguir el rastro financiero permite reconstruir los mecanismos de explotación y debilitar la capacidad de las organizaciones para continuar captando víctimas.

Presunta líder permanece detenida en Colombia

Aunque la acusación comprende a 22 personas, una presunta integrante clave de la organización permanece fuera de Chile. Se trata de una ciudadana colombiana a quien la Fiscalía sindica como líder de uno de los clanes y que no fue detenida durante el operativo inicial porque se encontraba en el extranjero.

En abril de 2026 fue formalizada en ausencia y, en mayo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de extradición activa presentada por Chile.

Chile solicitó inicialmente su detención provisional y, en junio, presentó la petición formal de extradición. Actualmente, la imputada se encuentra privada de libertad en Colombia, mientras el procedimiento para concretar su entrega continúa en ese país.

Si la extradición no se concreta oportunamente, su causa podría ser juzgada por separado. Castro Bekios sostuvo que la Fiscalía continuará las gestiones para que la imputada responda ante los tribunales chilenos.

Víctimas bajo protección y juicio oral

La Fiscalía informó que las víctimas permanecen bajo la protección de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT). El fiscal regional subrayó que la asistencia a las afectadas es fundamental durante el proceso, considerando las condiciones de vulnerabilidad en que habrían sido captadas y mantenidas.

En cuanto a las próximas etapas judiciales, la audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el próximo 30 de noviembre.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público ofreció 1.011 medios de prueba: 79 testigos, siete peritos, 571 documentos y otros 351 elementos. Entre estos últimos se encuentran interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, registros de agentes encubiertos y reveladores, análisis de evidencia digital y cuadernos de contabilidad paralela.