Prisión preventiva para tres funcionarios públicos por investigación de corrupción vinculada a Gendarmería, Ejército y Exsename

Bajo prisión preventiva quedaron tres funcionarios públicos investigados por su presunta participación en una trama de corrupción relacionada con la compra de insumos y alimentación para recintos dependientes de Gendarmería, el Ejército y el exServicio Nacional de Menores (Sename).

La resolución se adoptó este miércoles, luego de una audiencia de formalización y debate de medidas cautelares que se extendió durante cinco días en el marco de la Operación Vía Crucis. La investigación es dirigida por la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de la Fiscalía de Atacama, bajo la conducción del fiscal Luis Miranda Flores, con diligencias desarrolladas por detectives de las brigadas especializadas Bridec y Brilac de la PDI.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, los tres funcionarios —dos mujeres y un hombre— quedaron sujetos a la máxima medida cautelar por su presunta participación en los delitos de cohecho reiterado y asociación criminal. En el caso de la funcionaria vinculada a Gendarmería, además, se le imputó el delito de lavado de activos.

Las actuaciones investigadas estarían relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de adquisición de insumos y alimentación para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, el CIP-CRC de San Bernardo y el Regimiento Logístico N°2 “Arsenales de Guerra”, ubicado en Colina, en la Región Metropolitana.

Miranda señaló que el tribunal fijó un plazo de cinco meses para el desarrollo de las diligencias investigativas pendientes, varias de ellas solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que participa como querellante en la causa.

Otros siete imputados

En tanto, respecto de los otros siete imputados formalizados durante la audiencia, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Según la Fiscalía, estas medidas permitirán asegurar la comparecencia de los imputados mientras continúa el desarrollo de la investigación, que busca establecer el alcance de las actuaciones presuntamente irregulares y las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Miranda sostuvo además que la indagatoria permanece abierta y que no se descarta la participación de otras instituciones del Estado en hechos que pudieran revestir características de los delitos investigados.

Para ello, el Ministerio Público y la PDI continuarán revisando órdenes de compra de insumos vinculadas a las empresas proveedoras cuyos propietarios también fueron formalizados durante esta audiencia.

La Fiscalía indicó que el análisis de estos antecedentes permitirá determinar si las irregularidades detectadas corresponden exclusivamente a las instituciones ya incorporadas en la investigación o si existen otras operaciones y organismos públicos que podrían estar relacionados con los hechos.