CPC advierte que economías ilícitas mueven más de US$5.700 millones al año y amenazan desarrollo

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó este jueves el informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, el cual advierte sobre el creciente impacto económico, social e institucional de estos mercados en Chile.

El estudio —elaborado junto a 30 gremios y con la participación de cerca de 70 expertos— estima que las actividades ilícitas movilizan más de US$5.700 millones anuales y generan pérdidas en recaudación fiscal superiores a los US$1.500 millones, recursos que dejan de destinarse a necesidades sociales. A ello se suman cerca de US$2.700 millones que el sector privado invierte cada año en prevención y disuasión del delito.

La presentación del informe se realizó en Santiago y reunió a representantes del mundo público, privado y académico. La instancia fue encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, junto al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, además de líderes gremiales y expertos que analizaron los principales hallazgos y desafíos.

Más allá de las cifras, el documento advierte que las economías ilícitas operan como un sistema paralelo, controlado por organizaciones criminales que participan en toda la cadena de valor, desde la producción o el contrabando hasta la comercialización y el lavado de activos. Este fenómeno genera competencia desleal, desincentiva la inversión, fomenta la informalidad, afecta el empleo formal y distorsiona mercados estratégicos.

“Las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile”, afirmó Jiménez, quien enfatizó que enfrentarlas es una condición clave para retomar el crecimiento económico.

El informe también alerta sobre sus efectos en el plano social e institucional. Según la CPC, el avance de estos mercados debilita la confianza en las instituciones, erosiona la cultura de la legalidad y favorece la normalización de conductas al margen de la ley, especialmente entre las nuevas generaciones.

Frente a este diagnóstico, el documento propone una agenda de 45 medidas organizadas en tres ejes: comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas. Entre las iniciativas destacan la creación de una Política Nacional contra las Economías Ilícitas, el establecimiento de una unidad especializada con capacidades de inteligencia, el fortalecimiento de la trazabilidad financiera mediante herramientas tecnológicas, y la implementación de sistemas de denuncia segura y campañas de educación ciudadana.

Asimismo, el estudio identifica cinco brechas que facilitan la expansión de estos mercados: vacíos regulatorios, debilidades en la fiscalización, problemas de coordinación institucional, limitaciones en la trazabilidad de productos y flujos financieros, y deficiencias en el marco sancionatorio.