
Corte ordena reincorporar a exdirectora del Hospital de San Antonio y pagar sus remuneraciones pendientes
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, y ordenó dejar sin efecto su salida del cargo.
La resolución dispone que Maturana sea reincorporada al establecimiento y reciba las remuneraciones que dejó de percibir desde que fue apartada de sus funciones.
La profesional había asumido la dirección del hospital en febrero de 2024 mediante un concurso del Sistema de Alta Dirección Pública. En abril de 2026, el director subrogante del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio le solicitó la renuncia no voluntaria, argumentando una “pérdida de confianza” y cuestionamientos a su gestión.
La salida ocurrió pocos días después de que la exministra de Desarrollo Social Jeannette Vega asumiera como subdirectora médica del recinto. Maturana sostuvo que recibió presiones para revertir ese nombramiento y que su remoción se produjo después de negarse a hacerlo.
Incumplimiento del procedimiento
Según estableció la Corte, la autoridad debía informar previamente, por escrito y de manera fundada, al Consejo de Alta Dirección Pública antes de solicitar la renuncia de Maturana, debido a que la decisión fue adoptada durante los primeros seis meses de un periodo presidencial.
Sin embargo, el tribunal constató que esa comunicación se realizó después de que la exdirectora fuera notificada de su salida. A juicio de la Corte, el trámite posterior no permitió corregir la irregularidad. Asimismo, la resolución determinó que invocar únicamente una “pérdida de confianza” no constituía una fundamentación suficiente para adoptar la medida. Por ello, el tribunal declaró ilegales la solicitud de renuncia y la posterior resolución que dejó vacante el cargo.
El fallo precisó que el Servicio de Salud conserva la facultad de remover a Maturana por tratarse de un puesto de confianza, pero cualquier nueva decisión deberá cumplir previamente con las formalidades legales y justificar sus fundamentos.
Ahora, el organismo deberá resolver si acata la sentencia o presenta una apelación ante la Corte Suprema.
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