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Corte de Apelaciones rebaja cautelares de Cathy Barriga: quedó con firma semanal y arraigo nacional

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y rebajó las medidas cautelares a las que se encuentra sujeta.

De esta forma, el tribunal de alzada sustituyó el arresto domiciliario nocturno por la obligación de firma semanal. Asimismo, se mantuvo el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con la otra imputada en la causa.

Según explicó el jefe de Estudios Regional Metropolitano Sur, Eduardo Camus, quien afirmó que “la resolución valoró especialmente el estricto cumplimiento que doña Cathy Barriga ha dado de esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno desde abril del año 2025 hasta la fecha”.

“No hay una situación que amerite mantenerla en arresto domiciliario nocturno para asegurar los fines del procedimiento y, particularmente, su comparecencia a futuras audiencias, siendo la más importante evidentemente la de juicio oral”, complementó.

El cambio de cautelares ocurre luego de que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago cerrara la etapa de preparación del juicio oral durante este mes de noviembre de 2026.

Barriga fue formalizada en octubre de 2024 y enfrenta acusaciones relacionadas con su gestión como alcaldesa de Maipú. El Ministerio Público la acusa por delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicita para la exjefa comunal una pena cercana a los 23 años de presidio, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en calidad de querellante, presentó una acusación particular en la que pide 37 años de cárcel.

La diferencia responde, entre otros elementos, a las distintas acusaciones y solicitudes de pena formuladas por ambas partes. En el caso del CDE, el organismo estimó el perjuicio fiscal en aproximadamente $32.884 millones, atribuyéndolo a mecanismos como la sobre ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas de la contabilidad oficial y el uso irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.

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