Contraloría suspende a directora jurídica de la Municipalidad de Valparaíso por incumplir requerimientos del organismo

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió suspender de sus funciones a la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, debido al reiterado incumplimiento en la entrega de informes requeridos por el organismo fiscalizador.

La medida fue adoptada este miércoles 29 de julio en aplicación de las facultades que otorga la Ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, luego de que la funcionaria no respondiera oportunamente a diversos requerimientos formulados por la entidad.

Según informó la CGR, la suspensión comenzó a regir desde la fecha de la resolución y se mantendrá vigente hasta que sean remitidos íntegramente todos los antecedentes solicitados.

Mientras dure la sanción, la Municipalidad de Valparaíso deberá suspender el pago total de las remuneraciones de la directora jurídica.

Facultad legal de la Contraloría

La resolución se sustenta en el artículo 9 de la Ley N° 10.336, disposición que faculta al Contralor General para requerir directamente datos e información a autoridades y funcionarios públicos.

La normativa establece que el incumplimiento oportuno de estos requerimientos puede ser sancionado con multas de hasta quince días de remuneración o mediante la suspensión sin goce de sueldo del funcionario responsable, medida que se mantiene hasta que se entregue la información requerida.

Segunda suspensión en 2026

La Contraloría destacó que esta es la segunda ocasión durante 2026 en que aplica esta medida de apremio contemplada en la ley para asegurar el cumplimiento de sus requerimientos por parte de organismos públicos.

El ente fiscalizador reiteró que la entrega oportuna de los informes solicitados constituye una obligación esencial para garantizar la transparencia, el control de la administración pública y la adecuada tramitación de los procesos disciplinarios.

Asimismo, enfatizó que el cumplimiento de los mecanismos de reporte resulta fundamental para el correcto ejercicio de las funciones de fiscalización que le asigna la Constitución y la legislación vigente.