Contraloría objeta decreto que buscaba ampliar Santiago 1 por inconsistencias técnicas y legales

La Contraloría General de la República (CGR) representó el decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que buscaba modificar instrumentos de planificación territorial para permitir la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

En su oficio, el organismo fiscalizador señaló que no fue posible determinar si la ampliación del recinto penitenciario se proyecta sobre el mismo terreno donde actualmente está emplazado o en uno distinto, un aspecto clave para definir si se trata de una extensión de la infraestructura existente o de la construcción de un nuevo establecimiento.

Según indicó, esta distinción es relevante, ya que en caso de tratarse de una nueva obra, el proyecto debería someterse a exigencias adicionales contempladas en la Ley N°21.636.

Asimismo, la Contraloría advirtió que el decreto no fundamenta el aumento de los coeficientes de constructibilidad vigentes en el sector, particularmente en relación con usos de suelo que no guardan vínculo directo con la iniciativa.

El organismo también observó que, para el trámite de toma de razón, no se adjuntaron las inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana que se pretende modificar, lo que dificulta analizar la situación jurídica de los inmuebles y verificar la legalidad de la propuesta.

El oficio fue remitido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Gobierno Regional Metropolitano y a la Municipalidad de Santiago, para los fines correspondientes.