Nacional

Rebajas de condenas a agresores sexuales: parlamentarios impulsan proyectos para restringir beneficios

La controversia por las 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo frente legislativo en el Congreso, donde parlamentarios de distintos sectores anunciaron iniciativas para impedir que estos condenados accedan a dichos beneficios.

Una de las primeras propuestas fue presentada por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Ximena Ossandón, que ingresó una reforma constitucional para modificar las reglas de aplicación temporal de los beneficios penitenciarios.

La iniciativa busca que las solicitudes de reducción de condena y otros mecanismos de término anticipado de penas se resuelvan conforme a la legislación vigente al momento de otorgar el beneficio. Además, contempla disposiciones transitorias para abordar solicitudes pendientes y beneficios concedidos recientemente por vía administrativa.

Desde el Frente Amplio, en tanto, la diputada Emilia Schneider anunció la presentación de un proyecto de ley para aclarar el alcance de las restricciones incorporadas en 2022 mediante la Ley 21.421, que excluyó de estos beneficios a condenados por determinados delitos sexuales contra menores.

La parlamentaria planteó que la propuesta busca terminar con las discrepancias de interpretación sobre la aplicación de la normativa a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia.

Núñez busca eliminar una excepción legal

En el Senado, la presidenta de la corporación, Paulina Núñez (RN), también anunció una iniciativa para modificar la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente.

El proyecto apunta a eliminar una excepción vinculada al artículo 73 del Código Penal, referido a una eximente incompleta, que puede incidir en la aplicación de las restricciones para acceder a este beneficio.

La propuesta también busca fortalecer las exigencias de fundamentación de las resoluciones que concedan rebajas, de manera que permitan verificar los antecedentes considerados, el cumplimiento de los requisitos legales y el cálculo de la reducción otorgada.

En paralelo, Núñez ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar información sobre los antecedentes y criterios utilizados para conceder los beneficios cuestionados.

Asimismo, el senador Arturo Squella (REP) comunicó una iniciativa transversal junto a Andrés Longton (RN), Iván Flores (PDC), Karim Bianchi (INP) y Pedro Araya (PPD), con el objetivo de asegurar la aplicación efectiva de la exclusión de estos beneficios. Los parlamentarios esperan sumar respaldos de otros sectores y solicitaron al Gobierno otorgarle la máxima urgencia legislativa.

“La seguridad de los chilenos y la imperiosa necesidad de poner por delante a las víctimas, nos obliga a dejar de lado cualquier diferencia política y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar mayor protección a las personas”, afirmó el timonel republicano.

La controversia por los 56 beneficios

La polémica se originó tras conocerse que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos de rebaja de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.

Frente a los cuestionamientos, el ministro Fernando Rabat sostuvo que las decisiones respondieron a criterios establecidos por la Corte Suprema respecto de hechos anteriores a la entrada en vigencia de las restricciones legales de 2022.

El debate legislativo se centra, precisamente, en cómo deben aplicarse esas restricciones a condenas por delitos cometidos antes de la reforma y qué margen existe para impedir que estos beneficios sean concedidos bajo interpretaciones de la normativa anterior.

Las iniciativas anunciadas deberán avanzar en su tramitación parlamentaria antes de que sus eventuales modificaciones puedan entrar en vigor.

Esta noticia aparece primero en: El Periodista

Publicaciones relacionadas