Contraloría detecta 1.044 beneficiarios que no cumplían requisitos en programa Proempleo del Biobío

La Contraloría Regional del Biobío detectó diversas irregularidades y debilidades de control en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad (Proempleo), una de las principales iniciativas de empleo de la región, y ordenó a la Delegación Presidencial Regional iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Los resultados están contenidos en el Informe Final N.º 180 de 2026, fechado el 5 de septiembre, que auditó la recepción, ejecución y rendición de los recursos transferidos durante 2024, además del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios y los mecanismos de supervisión del programa.

Más de mil beneficiarios no cumplían los requisitos

Uno de los principales hallazgos corresponde a 1.044 beneficiarios que presentaban situaciones incompatibles con los requisitos de ingreso o permanencia en el programa.

De ese total, la Contraloría identificó 294 personas que percibían rentas u honorarios de otras entidades, 17 que mantenían más de un empleador y 733 que recibían pensiones superiores al ingreso mínimo mensual. El organismo ordenó a la Delegación realizar un análisis jurídico de estos casos y determinar las medidas correspondientes respecto de su continuidad en Proempleo.

La auditoría también detectó debilidades en los mecanismos de selección y reemplazo de participantes. Según el informe, dirigentes sindicales vinculados al programa intervenían en la propuesta de personas para ocupar vacantes, pese a que las bases y convenios no les entregaban facultades decisorias.

La Contraloría estableció además que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales participantes del programa, mientras que otros 116 tenían relaciones de parentesco con personal de entidades ejecutoras privadas. El organismo instruyó implementar mecanismos para prevenir y gestionar eventuales conflictos de interés.

También se observaron vínculos familiares entre beneficiarios y personas que prestaban servicios en la coordinación regional de Proempleo.

Falencias en establecimientos educacionales

Otro de los hallazgos corresponde a 813 beneficiarios destinados a establecimientos educacionales sin que se acreditara su idoneidad psicológica para desempeñar las funciones correspondientes.

La Delegación deberá revisar cuáles de estas personas continúan realizando labores comprendidas en la Ley N.º 19.464 y, en esos casos, exigir la obtención del certificado respectivo o disponer su separación de dichas funciones mientras no se acredite el requisito.

La Contraloría también ordenó establecer un control previo que impida destinar a una persona a este tipo de funciones sin verificar documentalmente el cumplimiento de las exigencias legales.

A esto se suman 1.692 beneficiarios que contaban con autorizaciones de flexibilidad horaria otorgadas por las entidades ejecutoras sin que existiera un procedimiento formal que estableciera requisitos, condiciones y mecanismos de control.

Asimismo, se identificaron nueve beneficiarios que registraron salidas del país durante períodos en que se encontraban con licencia médica, situación que dio origen a un proceso disciplinario que la Delegación deberá informar a Contraloría.

Convenios ejecutados pese a reparos

La fiscalización también detectó problemas en la tramitación y ejecución de los convenios con entidades privadas.

De acuerdo con los antecedentes auditados, 22 convenios fueron ejecutados pese a que sus resoluciones aprobatorias habían sido representadas por la Contraloría durante el proceso de toma de razón. Según la información entregada para la auditoría, solo siete fueron reingresados después de haber sido ejecutados y nuevamente resultaron representados.

La Contraloría ordenó fortalecer los procedimientos para asegurar que los convenios sean sometidos oportunamente al control de legalidad y que cuenten con todos los antecedentes requeridos antes de su ejecución.

En las verificaciones realizadas en terreno también se detectaron problemas de supervisión. 15 recintos se encontraban cerrados, lo que impidió verificar la presencia de 75 beneficiarios, mientras que otras 33 personas no se encontraban en sus lugares de trabajo y no tenían una justificación acreditada.

Rendiciones mediante Excel y pagos cuestionados

En materia financiera, la auditoría detectó debilidades asociadas al sistema de rendición de los recursos. Entre otros aspectos, se constató que parte de la información era administrada mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) no contenía el detalle completo de los gastos ni todos los documentos de respaldo.

La Contraloría instruyó implementar medidas para asegurar el uso efectivo y obligatorio del SISREC en la administración, revisión y rendición de los recursos de Proempleo.

También se detectó el pago de bonos de movilización a beneficiarios que se encontraban con licencia médica, por un monto de $4,6 millones. La Delegación deberá determinar la procedencia de esos pagos y, si corresponde, gestionar la restitución de los recursos.

A ello se suman transferencias por más de $4,4 millones correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios, realizadas a cuentas RUT de personas naturales. El organismo ordenó acreditar el destino final de esos recursos y verificar que hayan sido efectivamente entregados a las organizaciones sindicales correspondientes.

Sumario y antecedentes por eventuales ilícitos

Frente a las observaciones, la Contraloría ordenó a la Delegación Presidencial Regional del Biobío instruir un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas vinculadas con las deficiencias detectadas en la tramitación y regularización de convenios. El acto administrativo que disponga el procedimiento deberá ser remitido al organismo fiscalizador dentro de 15 días hábiles desde la recepción del informe.

El informe también confirma otros procesos disciplinarios relacionados con los beneficiarios que tenían vínculos de parentesco con dirigentes sindicales y con los casos de licencias médicas y salidas del país.

Además, según los antecedentes proporcionados para esta fiscalización, la Contraloría remitirá al Ministerio Público aquellos antecedentes que pudieran dar cuenta de eventuales ilícitos.

La auditoría concluyó que las medidas informadas por la Delegación no permitieron subsanar las situaciones observadas en el preinforme, por lo que el organismo de control mantuvo una serie de observaciones y estableció plazos para implementar medidas correctivas y fortalecer los mecanismos de supervisión del programa.