Compromiso de indultos abren nuevo flanco para Kast y tensionan al oficialismo por alcance de las medidas

El Presidente José Antonio Kast volvió a instalar los indultos en el centro de la agenda política, luego de comprometer ante parlamentarios republicanos y libertarios que su administración avanzará en el análisis de solicitudes presentadas por exmiembros de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por delitos vinculados al estallido social y por causas de derechos humanos.

El compromiso fue transmitido durante dos reuniones consecutivas realizadas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. La primera se desarrolló la noche del martes 8 de septiembre con parlamentarios republicanos, mientras que al día siguiente el Mandatario recibió a la bancada libertaria.

Las citas tuvieron como telón de fondo la presión de los sectores más conservadores del oficialismo para encontrar una salida para los exuniformados procesados o condenados por hechos ocurridos durante las protestas de octubre de 2019.

100 solicitudes

La cautela también ha sido planteada desde el Ministerio de Justicia. Su titular, Fernando Rabat, confirmó durante la jornada de ayer que actualmente existen más de 100 solicitudes de indulto presidencial que deben ser estudiadas por la cartera antes de ser presentadas al Presidente.

Según explicó, la mayoría de los requerimientos corresponde a personas vinculadas a hechos ocurridos en 1973, en el marco de causas por violaciones a los derechos humanos. En cambio, las solicitudes relacionadas con condenas derivadas del estallido social representan un número “muy reducido” dentro del total.

Rabat descartó, además, que el Gobierno esté impulsando una fórmula de indulto general o amnistía, y aseguró que tampoco existe un plazo legal ni uno autoimpuesto por el Ejecutivo para resolver las solicitudes. El ministro explicó que cada caso requiere una revisión de antecedentes que permita alcanzar la “convicción jurídica necesaria”, proceso que necesariamente toma tiempo y debe realizarse con independencia de si la decisión final es favorable o desfavorable.

“Nadie merece morir en la cárcel”

El propio Kast ha insistido en esta lógica caso a caso. “Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes”, afirmó el Mandatario, remarcando que el ejercicio de esta atribución presidencial no implica modificar las resoluciones adoptadas por los tribunales.

“Uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada”, sostuvo.

El Presidente también abordó la situación de personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales, uno de los puntos que ha adquirido especial relevancia dentro del debate. En ese contexto, planteó que “no corresponde a que una persona muera en la cárcel”.

“Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”

Las definiciones del Ejecutivo, sin embargo, enfrentan cuestionamientos desde sectores que advierten sobre los límites jurídicos de la facultad presidencial. El exministro de Seguridad Luis Cordero sostuvo que, más allá de los compromisos asumidos durante la campaña, el Gobierno debe ajustarse a la Constitución, la legislación vigente y las obligaciones internacionales de Chile.

“El Gobierno tiene ofertas de campaña, pero sobre todo yo le pediría al Gobierno una sola cosa: que respete la Constitución, la ley y el derecho internacional”, señaló.

Cordero agregó que ese marco implica considerar que “los crímenes de lesa humanidad no son indultables” y cuestionó particularmente aquellas solicitudes en las que “en ninguna de las investigaciones han manifestado arrepentimiento”.

En esa línea, advirtió sobre el riesgo de convertir la discusión sobre derechos humanos en una disputa de identidades políticas. “Hay que tener mucho cuidado con creer que el tema de derechos humanos es un tema como de identidad política”, afirmó.

De esta manera, el Gobierno enfrenta un equilibrio complejo: mientras sectores de su propia coalición esperan señales concretas respecto de los exuniformados condenados por causas del estallido, La Moneda insiste en que no existe una decisión general ni un calendario definido. El desenlace de las más de 100 solicitudes en evaluación podría convertirse así en un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo, especialmente si las expectativas políticas terminan chocando con los criterios jurídicos que el Ejecutivo ha comprometido aplicar.