Comité del Plan Nacional de Búsqueda exige aclarar supuestas irregularidades y cuestiona al Ministerio de Justicia

El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al subsecretario de Derechos Humanos que informen urgentemente cuáles son los antecedentes que sustentan las supuestas “irregularidades” mencionadas públicamente en relación con la ejecución de esta política de Estado.

La instancia también cuestionó que el Ministerio de Justicia se atribuya resultados que, según señaló, corresponden al trabajo desarrollado en sede judicial por el ministro en visita Álvaro Mesa.

El pronunciamiento fue emitido a propósito de los antecedentes relacionados con Bernarda Vera Contardo y con el joven ariqueño Luis Pino Soto, cuya calificación como detenido desaparecido fue uno de los hallazgos generados por las investigaciones realizadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.

Investigación sobre las víctimas

El propósito central del plan es establecer qué ocurrió con las más de mil personas que fueron detenidas y desaparecidas o ejecutadas durante la dictadura civil-militar, sin que sus cuerpos fueran entregados a sus familias.

Una de sus metas consiste en reconstruir las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada y determinar las circunstancias de su desaparición o muerte.

De acuerdo con el Comité, las investigaciones efectuadas desde la puesta en marcha del plan permitieron reunir antecedentes relevantes sobre Luis Pino Soto y Bernarda Vera Contardo.

La información fue posteriormente entregada al ministro en visita Álvaro Mesa, quien ordenó las diligencias judiciales correspondientes, incluido un peritaje genético que permitió confirmar la identidad de Vera.

El Comité valoró que el resultado del examen fuera comunicado personalmente por el magistrado a los familiares, quienes, según la información disponible, desconocieron durante años el paradero de Bernarda Vera.

Críticas al Ministerio de Justicia

La instancia planteó que el Ministerio de Justicia debe esperar la existencia de una resolución judicial que establezca formalmente la identificación antes de realizar las modificaciones administrativas correspondientes.

Entre ellas se encuentra informar al Servicio de Registro Civil e Identificación para retirar a Bernarda Vera del Registro de Personas Víctimas de Desaparición Forzada.

También pidió incorporar las modificaciones relacionadas con personas cuya desaparición forzada fue establecida mediante sentencias judiciales firmes, pero que no aparecen en las nóminas elaboradas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni por las posteriores comisiones calificadoras.

“El Comité espera que, en lugar de atribuirse públicamente un resultado que corresponde al trabajo desarrollado en sede judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumpla con su obligación legal”, señaló la declaración.

La organización exigió además que las autoridades expliquen cuáles serían las irregularidades detectadas y en qué antecedentes concretos se sustentan esas afirmaciones.

Rechazo a cuestionamientos contra el plan

El Comité rechazó categóricamente que los antecedentes del caso sean utilizados para cuestionar la legitimidad, relevancia o avances del Plan Nacional de Búsqueda.

Asimismo, advirtió contra cualquier intento de emplear esta situación para erosionar la verdad histórica establecida por las comisiones oficiales sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar.

Para la instancia, el plan debe ser entendido como una política de Estado que interpela éticamente tanto a las instituciones responsables de su ejecución como a la sociedad chilena en su conjunto.

El organismo recordó que la iniciativa busca aliviar el dolor y la incertidumbre de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos cuyos restos todavía no han sido encontrados.

También pretende reconstruir las trayectorias de las víctimas, determinar su destino final y restituir la dignidad de las personas cuyas vidas fueron interrumpidas por la violencia estatal.

Representantes de familiares, academia y sitios de memoria

La declaración fue suscrita por la presidenta del Comité y de Londres 38, Erika Hennings; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera; y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, Mónica Díaz.

También adhirieron Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos; Ida Sepúlveda, representante de familiares de Valdivia; María Erita Vera, de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique; y Carlos Oliva, representante de familiares de La Araucanía.

Entre los firmantes figuran además Juan Carlos Chávez, del Colectivo 119; las académicas Lidia Casas y Daniela Accatino; el historiador Patricio Bernedo; el sacerdote Tomás Scherz; y Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.