
Comisión investigadora por caso Steinert aprueba informa y envía antecedentes a Fiscalía
La comisión investigadora relativa a determinados actos del Gobierno en materia de seguridad pública y prevención del delito durante la gestión de la exministra, Trinidad Steinert, aprobó su informe final con seis votos a favor y cuatro en contra.
El documento detalla que la exsecretaria de Estado y la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, fueron invitadas en seis y cuatro oportunidades respectivamente a la comisión, pero ninguna de las dos compareció.
Conclusiones
Entre las conclusiones del informe, se aborda el caso de la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, quien dejó su cargo en medio de rumores por conflictos internos con Steinert.
Según lo anterior, el documento apunta a que la exsecretaria de Estado habría incumplido la función legal de asesoría al presidente en la conformación de los Altos Mandos, ascensos y retiros de las policías.
“Si la exministra no participó de la decisión de llamar a retiro a la prefecta general Consuelo Peña, la única conclusión posible es que la exministra no cumplió la primera función a la que está llamada por ley respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.
Asimismo, se señala que también que la extitular de Seguridad “excedió las facultades que le entregaba la ley” y que, “más allá del reproche administrativo que realiza la Contraloría, los invitados a esta comisión especial investigadora dan cuenta de la excepcionalidad e inconveniencia del requerimiento de información de esta naturaleza a la luz de la ley orgánica del ministerio de Seguridad Pública”.
Respecto a la polémica solicitud de información de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), la CEI establece que “la ex ministra Trinidad Steinert infringió el principio de probidad administrativa e incumplió su deber de abstención”.
¿Plan de seguridad?
El documento también plantea que no existe un plan detallado en materia de seguridad, uno de los cuestionamientos principales de la oposición a la gestión de la exministra.
“Hasta la fecha de este informe no se aportaron antecedentes concretos ni documentos específicos que dieran cuenta de la existencia de dicho plan o programa para la gestión de la seguridad pública y la prevención del delito”, indica.
En esa línea, recalca que “la asesoría presidencial informa que no cuentan con la función de visación de documentos jurídicos emanados del ministerio de Seguridad Pública, sin perjuicio de contar con personal que desarrolla esas funciones”.
“Existen dos conclusiones posibles, ambas de especial gravedad: o bien los asesores presidenciales no ejercieron las funciones para las que están contratados o habiéndolas ejercido no fueron informadas verídicamente a la Comisión Investigadora, y, por tanto, a la Cámara de Diputadas y Diputados”, sostiene el documento.
“Falta de control” y envío de antecedentes a Fiscalía
Finalmente, el informe afirma que existió una falta de control respecto al funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública mientras que Steinert fue la titular.
“Se evidencia una falta de control sobre el funcionamiento del ministerio de Seguridad Pública durante la gestión de la ex ministra Steinert, así como una falta de conocimiento y supervisión de la decisión del director general de la Policía de Investigaciones de dar curso al retiro de la prefecto Consuelo Peña sin que en ninguna instancia se hayan solicitado antecedentes, informes o justificaciones de la conveniencia de dicha decisión”, se lee en las conclusiones.
Por su parte, el presidente de la CEI, Raúl Leiva (PS), recordó que el pasado 14 de octubre la comisión acordó, por mayoría, remitir los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe si existen hechos que puedan revestir caracteres de delito y ameriten abrir una investigación.
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