Comisión investigadora aprueba informe que cuestiona actuar del Estado durante el estallido social

La Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados, encargada de revisar las medidas adoptadas por el Ejecutivo durante el denominado estallido social, aprobó su informe final con ocho votos a favor y cuatro en contra.

El documento fue elaborado por el presidente de la instancia, el diputado libertario Hans Marowski, y aborda los hechos de violencia registrados entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026.

Durante la presentación del informe, Marowski recordó que el objetivo de la comisión fue recopilar antecedentes sobre el actuar de distintos organismos del Estado, entre ellos los ministerios del Interior, Justicia y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Asimismo, buscó evaluar la capacidad de las instituciones para prevenir, contener y controlar los hechos de violencia ocurridos durante las movilizaciones.

La CEI también tuvo entre sus objetivos indagar la eventual participación de autores, cómplices o instigadores de los hechos de violencia. Sin embargo, la instancia concluyó que no logró identificar a quienes habrían instigado dichos episodios.

En ese sentido, Marowski sostuvo que, si bien las demandas planteadas por la ciudadanía fueron legítimas, los hechos de violencia registrados durante ese periodo se situaron fuera de ese marco. “Las situaciones de violencia vividas en nuestro país se alejan profundamente de situaciones legítimas y aceptadas socialmente”, afirmó.

Poca colaboración

El informe también cuestiona el nivel de colaboración que recibió la comisión durante su investigación. Según detalló Marowski, de las 32 personas invitadas a declarar, solo 17 asistieron, mientras que de los 65 oficios enviados, apenas 10 fueron respondidos. Entre las autoridades que no concurrieron se encuentran exfuncionarios del gobierno de 2019 y el actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien fue citado en dos oportunidades y presentó sus excusas.

Entre los antecedentes recopilados, la comisión incorporó información de Metro, según la cual 77 de sus 136 estaciones sufrieron daños, incluyendo 20 que fueron incendiadas. El documento también aborda ataques contra infraestructura eléctrica y episodios de violencia protagonizados por estudiantes, como las evasiones masivas y hechos registrados al interior de establecimientos educacionales emblemáticos, entre ellos el Instituto Nacional.

Conclusiones

En sus conclusiones, el informe atribuye al gobierno de la época, encabezado por Sebastián Piñera, “excesivos incumplimientos” en el resguardo del orden público y la seguridad de la población. A ello suma una “falta de capacidad preventiva y de un sistema de inteligencia robusto y coordinado”, situación que, según la comisión, habría limitado la capacidad del Estado para anticiparse a los hechos de violencia y responder de manera eficaz ante ataques simultáneos contra infraestructura estratégica y servicios esenciales.

Finalmente, el documento plantea una serie de recomendaciones, entre ellas fortalecer la implementación de la nueva Ley de Inteligencia, evaluar una reforma al rol del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y establecer protocolos especiales para enfrentar hechos de violencia grave en establecimientos educacionales.

También propone reforzar la coordinación entre los organismos de inteligencia y el Ministerio Público, continuar fortaleciendo el respaldo jurídico a las policías y revisar las facultades actualmente otorgadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).