Cerca de 300 organizaciones condenan campaña de amedrentamiento contra Fundación Libera y Ecoceanos

Cerca de 300 organizaciones nacionales e internacionales, junto con diversas personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, suscribieron una declaración pública en respaldo a Fundación Libera y al Centro Ecoceanos, luego de que ambas entidades denunciaran situaciones de trabajo forzado y vulneraciones de derechos humanos laborales en sectores exportadores de Chile.

El pronunciamiento condena lo que los firmantes califican como una campaña de amedrentamiento, intimidación y desprestigio contra ambas organizaciones, particularmente a través de redes sociales.

Según la declaración, estos ataques habrían sido reforzados por pronunciamientos de figuras públicas vinculadas al Estado y al empresariado, generando un clima de hostilidad contra quienes investigan y denuncian posibles abusos laborales.

Entre los firmantes se encuentran organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, el medioambiente, los territorios, los derechos laborales y de las personas migrantes, además de sindicatos, agrupaciones de mujeres y organizaciones feministas.

Denuncias y cadenas de suministro

La declaración destaca la trayectoria de Fundación Libera y Ecoceanos en la documentación de eventuales vulneraciones de derechos humanos laborales y en la exigencia de responsabilidades tanto empresariales como institucionales.

Ese trabajo llevó a ambas organizaciones a participar en investigaciones desarrolladas en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, además de otros mecanismos relacionados con debida diligencia y trazabilidad en las cadenas internacionales de suministro.

El debate adquirió mayor intensidad luego de las recientes sanciones arancelarias impuestas por Estados Unidos a Chile y otras 38 economías.

En ese contexto, distintos sectores han responsabilizado públicamente a las organizaciones denunciantes por las decisiones adoptadas desde Washington.

Los firmantes calificaron esa vinculación como “falaz y éticamente reprochable”, argumentando que busca desplazar el debate desde las denuncias sobre eventuales incumplimientos laborales hacia quienes hicieron públicas esas situaciones.

Defensa del espacio cívico

La declaración sostiene que investigar, documentar y denunciar posibles violaciones de derechos humanos constituye una actividad legítima y protegida por derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación.

También subraya que recurrir a mecanismos nacionales o internacionales forma parte del derecho a defender los derechos humanos y de los compromisos asumidos por Chile en esta materia.

Las organizaciones advierten que la estigmatización de quienes denuncian abusos puede poner en riesgo su seguridad y debilitar el espacio cívico.

A su juicio, estas campañas también pueden tener un efecto inhibidor sobre nuevas denuncias y deteriorar las condiciones necesarias para prevenir y reparar eventuales impactos de las actividades empresariales sobre trabajadores y comunidades.

Llamado a autoridades y empresas

Los firmantes solicitaron a las autoridades políticas, representantes empresariales, industrias y actores de la opinión pública terminar con cualquier acción de hostigamiento o desprestigio contra Fundación Libera, Ecoceanos y otras organizaciones que denuncien situaciones de explotación laboral.

Asimismo, pidieron que las autoridades y los gremios empresariales eviten declaraciones que puedan estigmatizar el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos y que, en cambio, respondan al contenido de las evidencias presentadas.

La declaración también reclama al Estado chileno la adopción de medidas concretas para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.

Exigen debida diligencia obligatoria

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la exigencia de avanzar hacia una política obligatoria de debida diligencia en materia de derechos humanos para los sectores exportadores.

Los firmantes ponen especial énfasis en la agricultura y la salmonicultura, actividades en las que, sostienen, existen antecedentes acumulados durante décadas sobre eventuales vulneraciones laborales.

La declaración concluye que denunciar violaciones de derechos humanos en el ámbito empresarial no debe entenderse como un obstáculo para la actividad económica, sino como una condición necesaria para que el desarrollo sea compatible con el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad humana.