
Caso Fundamenta: Fiscalía incorpora querella de Patricio Herman y vecinos
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dispuso este jueves que la arista Fundamenta se tramite de manera independiente de la denominada «trama bielorrusa», por razones procedimentales. La decisión dejó pendiente la formalización prevista para esta jornada por los hechos relacionados con el proyecto inmobiliario de Ñuñoa.
En la misma audiencia, según informó Fundación Defendamos la Ciudad, el Ministerio Público incorporó a la investigación la querella presentada por el abogado Gabriel Muñoz, en representación de Patricio Herman, Alejandro Jiménez Michaelis y Rodolfo Acha.
La acción, admitida a trámite el 28 de octubre de 2026, solicita investigar si existieron pagos destinados a acelerar la sentencia de la Corte Suprema que favoreció al proyecto Eco Egaña, de Fundamenta. Los querellantes buscan establecer el origen y destino de los recursos, así como las eventuales responsabilidades de quienes participaron en las operaciones denunciadas.
Entre los antecedentes invocados figura un depósito de $13 millones efectuado el 28 de febrero de 2023 en una cuenta de Gonzalo Migueles, entonces pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. La querella plantea esclarecer si ese pago estuvo relacionado con gestiones para adelantar la resolución judicial y qué conocimiento tenían quienes contrataron a los abogados involucrados.
“Pedimos seguir ese depósito de dinero hasta su origen y esclarecer qué sabían quienes contrataron a los mencionados abogados. Si hubo un soborno, la investigación debe alcanzar a quien lo financió”, sostuvo Gabriel Muñoz.
El abogado agregó que, si se acredita una intervención corrupta en la tramitación del caso, los querellantes buscarán que la Corte Suprema examine la sentencia y solicitarán su nulidad.
La ampliación presentada por el CDE
La incorporación de esta querella ocurre después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunciara, el 4 de noviembre, una ampliación de su acción penal a los hechos de Fundamenta.
El organismo atribuye a Vivanco presuntos delitos de cohecho y prevaricación, y a Migueles, cohecho y lavado de activos. También dirige su acción contra los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber, por presuntos delitos de soborno y lavado de activos. Estas imputaciones deben ser esclarecidas en la investigación penal.
Patricio Herman, presidente de Fundación Defendamos la Ciudad, señaló que los vecinos que recurrieron a la justicia contra el proyecto tienen derecho a conocer si sus reclamaciones fueron resueltas sin interferencias.
“Jiménez tiene todo el derecho a saber si hubo cohecho y soborno para que se obtuviera un fallo en contra de los vecinos”, manifestó.
El antecedente de Sergio Muñoz
Otro de los antecedentes del conflicto es la recusación del entonces ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, quien fue apartado de la causa antes de la sentencia favorable al proyecto. Registros contables conocidos públicamente consignaron pagos de $410 millones vinculados a la estrategia y los informes jurídicos para obtener su inhabilitación.
La declaración jurada de una ejecutiva de la inmobiliaria, utilizada para sustentar el apartamiento del magistrado, también fue un antecedente de uno de los capítulos de la acusación constitucional presentada en su contra. El 16 de octubre de 2024, el Senado aprobó ambos capítulos, lo que significó su destitución y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años.
Fundación Defendamos la Ciudad reiteró que, si se acreditan los delitos denunciados, impulsará acciones para que la Corte Suprema revise el fallo favorable a Fundamenta.
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