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“Camino equivocado”: Mesa del Senado rechaza propuesta de suspender cinco años Ley Karin

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira, expresaron su rechazo a la propuesta de suspender por cinco años la denominada Ley Karin, iniciativa impulsada por un grupo de diputados oficialistas.

El proyecto fue presentado por los parlamentarios Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea, Álvaro Jofré, Diego Vergara y Daniel Valenzuela, quienes argumentan que la capacidad institucional ha sido sobrepasada por el alto volumen de denuncias, generando un eventual colapso del sistema y dificultando la adecuada protección de las víctimas.

Diputados oficialistas presentan proyecto para suspender por cinco años Ley Karin

Frente a esto, Núñez fue enfática en descartar su apoyo a la medida. “No estoy disponible para que se suspenda la Ley Karin”, afirmó, subrayando que se trata de una normativa que contó con respaldo transversal en el Congreso y que ha cumplido un rol relevante en la protección de trabajadores. No obstante, reconoció que pueden existir casos de uso indebido, lo que —a su juicio— debe abordarse mediante ajustes, pero no con la paralización de la ley.

A través de sus redes sociales, la senadora reiteró su postura: “No cuenten con mi voto para suspender esta ley. Todos los gobiernos han perfeccionado los reglamentos, pero no podemos desproteger a quienes han encontrado en esta normativa una herramienta para resguardar sus derechos”.

En la misma línea, Moreira sostuvo que la aprobación de la ley “era necesaria” y, si bien indicó que un alto porcentaje de las denuncias son desestimadas, advirtió que ello evidencia la necesidad de introducir mejoras, aunque descartó su suspensión. “Lo mejor es modificar el reglamento para hacer más exigentes los requisitos de ingreso de denuncias”, señaló, agregando que colaborarán con propuestas para evitar interpretaciones erróneas y eventuales abusos.

Posteriormente, la mesa del Senado emitió una declaración pública en la que reiteró su desacuerdo con la iniciativa, calificándola como un camino equivocado para enfrentar los desafíos en la implementación de la ley.

En el documento, la instancia planteó que los esfuerzos deben centrarse en perfeccionar el reglamento vigente, fortaleciendo los criterios de admisibilidad y estableciendo estándares más rigurosos para la presentación de denuncias, de modo que estas cuenten con antecedentes suficientes para dar inicio a investigaciones formales.

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